El 7 de diciembre pasado el entonces presidente Pedro Castillo, un maestro rural de primaria, anunciaba la disolución del Congreso y una nueva Constituyente. Su gobierno había sido frágil e incompetente (en 16 meses se sucedieron 78 ministros, uno por semana) y acusado de corrupción e ilegalidades. El 7 de diciembre el Congreso se disponía a destituirlo, pero este se anticipó e intentó un golpe. Como consecuencia sus ministros renunciaron y el Congreso lo destituyó “por incapacidad moral”.

Castillo terminó en la cárcel y lo sustituyó la vicepresidenta, abogada Dina Boluarte. Frente a estos hechos, gran parte de la población salió a la calle para pedir la liberación de Castillo, la defenestración de Boluarte y la disolución del Congreso, considerado corrupto y vendido a los lobbies económicos. Se pedía también elecciones anticipadas y una constituyente (en 200 años hubo 12 constituciones). Hubo violencia con asaltos a instituciones y empresas, muertos y heridos, corte y bloqueo de rutas y una represión policial brutal. Desde un primer momento y varias veces la conferencia episcopal condenó la corrupción y la violencia, invitó a Castillo a hacerse a un lado en pos de nuevas elecciones, abogó por la vigencia y unidad entre los tres poderes. Frente a  las protestas populares, si bien rechazó el corte de rutas por impedir la provisión de alimentos a lo largo y ancho del país, según el cardenal Pedro Barreto, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, “el pueblo peruano tiene derecho a definir los destinos de su propia patria”.
Los obispos también reconocen que “Perú es uno de los cuatro países que registran el mayor índice de corrupción en América Latina y este tipo de delitos ha llegado a las altas esferas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La corrupción es un cáncer que afecta a todo e influye en el alto nivel de pobreza que hay en el país”.
La Iglesia también se ha ofrecido como mediadora para evitar que el país caiga en el caos y la barbarie. En realidad el conflicto tiene sus raíces en la desigualdad y diferencias entre la capital, y las periferias del país. Doscientas mil personas han llegado de los Andes para acampar en Lima. Entre la sierra andina y la selva amazónica hay un territorio olvidado, extenso como Italia, Francia y Alemania juntas. El epicentro de las protestas ha sido Puno en el sur del país, poblado por campesinos e indígenas que veían en Castillo un líder popular capaz de defender sus intereses después de siglos de abandono.