AMAZONIA: defensa de sus pueblos

5 muchachos abrazados frente a un mural de estetica indigena.
Integrantes de la comunidad amazónica shipibo-konibo de Cantagallo: hace más de treinta años tuvieron que emigrar hacia Lima.

Incidir y visibilizar la situación que se vive en el territorio amazónico, centrados en la lucha contra la desigualdad y discriminación de sus pueblos, fue el objetivo de un evento paralelo desarrollado en el marco de la 52º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realizó a comienzos de octubre en Lima. El evento contó con representantes de poblaciones indígenas que instaron a la Iglesia a impulsar una mayor exposición internacional a casos que atentan contra su existencia.

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), la Misión Permanente del Perú ante la OEA y la Misión de la Santa Sede ante la OEA organizaron el evento paralelo “Derechos de los Pueblos Indígenas Amazónicos”, desarrollado con el objetivo de profundizar y complementar el lema de la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”. Previo a la Asamblea General, el embajador Harold Forsyth, representante Permanente del Perú ante la OEA; el obispo Juan Antonio Cruz, representante Observador Permanente de la Santa Sede ante la OEA, Lily Calderón Ramos, coordinadora del Núcleo de Derechos Humanos de la Red Eclesiástica Panamazónica, y David Lobatón Palacios, profesor y jefe del Departamento de Derecho de la PUCP, dieron a conocer la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía.


Contra la desigualdad y la discriminación

“El papa Francisco desde el inicio de su pontificado ha tenido predilección por los que están excluidos y descartados. Por eso el lema de esta Asamblea General viene como anillo al dedo”, sostuvo el obispo Juan Antonio Cruz. Señaló que el Papa impulsa que “todos estos pueblos no sufran una colonización cultural”, sino que la Amazonía pueda promoverse y estar abierta al mundo. “Que sea portadora de valores para nosotros. Y desde ahí, la Iglesia, no ahora, sino desde siempre, ha tenido un enfoque de estar defendiendo los derechos de los pueblos originarios”. El embajador Forsyth resaltó la importancia de generar un espacio propio para abordar estas problemáticas que se viven en la Amazonía. “Coincidimos, en ese sentido, con el esfuerzo que viene realizando la Iglesia católica por medio de la REPAM, las diversas organizaciones de los pueblos amazónicos y la propia OEA”, manifestó.


Al lado de los pueblos originarios

Sobre este evento, Juan Antonio Cruz manifestó que se encuentra “en el corazón del Papa”, pues los pueblos originarios son el “símbolo de lo que significa la Amazonía”. Recordó también que hace tres años se convocó al Sínodo para la Amazonía, que tuvo como fruto la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía para despertar la preocupación por este territorio. “Por eso estamos aquí. Es un paso más para dar visibilidad a esta tierra que es también nuestra. Amarla, protegerla y sentirnos íntimamente unidos a ella”.

En su intervención, Lily Calderón Ramos subrayó que el trabajo de la red busca articular los esfuerzos conjuntos de todas las Iglesias locales a lo largo del territorio panamazónico, que abarca nueve países. “Desde el 2014, con las instituciones que son parte de esta red hemos pensado y planteado cómo buscar los modos más adecuados para responder a esta necesidad urgente de los pueblos indígenas”, explicó. Es así como, desde 2016, a través del Núcleo de Derechos Humanos e Incidencia Internacional de la REPAM, se han realizado tres escuelas formativas reuniendo a líderes de pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la Panamazonía. El principal objetivo de estos espacios es proporcionar herramientas educativas que ayuden a formalizar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el territorio amazónico.

Además, las escuelas también permiten elaborar los informes regionales. Entre abril y mayo de 2022 se presentó el Segundo Informe Regional de Vulneración de Derechos Humanos de la Panamazonia, trasladando las principales recomendaciones y propuestas planteadas desde el territorio amazónico. A raíz de este informe, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Red Eclesial Panamazónica firmaron el 8 de agosto la Declaración Conjunta 2022 sobre la Protección de la Amazonía y sus Pueblos Indígenas, Quilombolas (afrodescendientes) y Ribereños.

Entre las principales problemáticas que aborda el Segundo Informe Regional, Calderón Ramos explicó que se encuentra la contaminación por mercurio en los ríos que enfrentan en Madre de Dios, Perú, producto de la minería ilegal. “Muchas de las comunidades amazónicas sostienen que son hombres de río. Viven del río, pescan del río, consumen el agua”, indicó. En su discurso destacó también los continuos derrames de petróleo en la Amazonía peruana que han tenido poca o nula respuesta por parte del Estado. “Una dinámica que afecta a todos los países que conforman la Panamazonía”, dijo.

Por otra parte, en el informe se recoge la experiencia en Brasil sobre la realidad de los indígenas que migran a las grandes ciudades, una situación que se comparte en toda la Cuenca Amazónica. David Lobatón Palacios, destacó que el proceso de la REPAM ha promovido pronunciamientos e informes en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. “Lo que corresponde ahora es que Iglesia católica en territorio puedan llevar casos o temas concretos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que el camino ya se abrió”, señaló.

Voces de la Panamazonía

También estuvieron presentes representantes de la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, una población que migró desde la región Ucayali hace más de treinta años para trasladarse hacia la capital. Augusto Valles Odicio, presidente de la Asociación de Vivienda de Shipibos en Lima (AVSHIL), expresó ante el panel los principales problemas que vive su comunidad en la ciudad. “Hay una cantidad de madera que están sacando del territorio de mi comunidad en Ucayali. Están depredando la Amazonía”. Afirmó que están cansados de denunciar y que las autoridades se hagan los ciegos y sordos. “No sabemos a dónde ir, y es por eso que se queda ahí. Porque no tenemos la posibilidad para poder pelear contra este poder económico”, denunció el dirigente.

Desde la comunidad Cantagallo se reclama que, desde hace muchos años, el Gobierno no atiende sus tres necesidades urgentes en educación, salud y vivienda. Ellos se sienten discriminados. “Hablamos de nuestros derechos, pero no vemos presencia de las autoridades en la comunidad. Da mucha pena porque todos somos peruanos”, apuntó Guirda Karina Pacaya Cruz, presidenta de la Asociación de Artesanos Shipibos Residentes en Lima Pro Vivienda (ASHIRELV). La lideresa enfatizó que las personas que integran la comunidad son migrantes en busca de oportunidades y que, a pesar de los años transcurridos en Lima, siguen siendo igual de discriminados. “Lo que pediría es que en esta Asamblea las problemáticas que tenemos se agenden para que de esta manera las comunidades seamos visibles. Porque de que sirve que haya reuniones si solo nos traen para ser la imagen”, añadió.

En otro momento, la Hermana Ana María Palomino Corzo, representante de la pastoral indígena del Vicariato de Pucallpa con más de treinta años de experiencia misionera en el acompañamiento a pueblos indígenas, relató que el Estado se deben replantear la situación de los hermanos indígenas en el contexto urbano. “Hay que darles un lugar y reconocimiento de sus derechos en estos territorios”, mencionó. La religiosa explicó que cuando la población indígena migra, se rompe ese lazo con la tierra que significa todo para ellos. Si bien se está avanzando con la pastoral indígena urbana, sostuvo que hay que darle a esta población migrante un lugar y un reconocimiento de sus derechos en estos nuevos territorios. “La vida que es digna debe ser resignificada en todos los lugares de nuestro territorio nacional”.

Monseñor Alfredo Vizcarra, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, y presidente de la REPAM Perú y del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), presente en el espacio, también intervino para remarcar que se está corriendo para “mitigar el mal que se esta haciendo”. Una situación que sigue sucediendo porque se permite. “Es un problema de derechos humanos. La gente ve afectada su vida por la tala, los derrames de petróleo, la extracción de minerales”. Para el obispo, la falta de atención del Estado en derechos fundamentales como la salud y educación es “una injusticia” que debe remediarse con el cambio en la política de gobierno hacia la Amazonía. “Toda una población aquí en Lima, en el centro, vecina a Palacio de Gobierno, y no hay una atención”, subrayó.

El representante del Vicariato de Jaén indicó que esta política no se debe decidir en Lima, sino con la participación de los pueblos indígenas y los que habitan en la Amazonía, con el fin de ver la forma de resolver los problemas que están “explotando en todas partes” y “apagar el incendio”. En ese sentido, mencionó que se debe velar por “una política de desarrollo sostenible, integral, que respete los ecosistemas, la cultura y dé oportunidad a aquellos que lo necesitan”.

Protección de la Amazonía: REPAM y OEA firman declaración

La Declaración destaca la “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, de la OEA. A partir de ahí, resalta la importancia de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, sus derechos y los riesgos que enfrentan ante las amenazas que vienen sufriendo por agresiones, lesiones, asesinatos, enfermedades, hambrunas y expulsión de sus territorios.

A seguir, en el ámbito de aplicación de la presente Declaración Conjunta, destacan la necesidad de abordar y afrontar “la urgencia humanitaria y ambiental que hoy en día vive la Amazonía”, que amenazan a la supervivencia, el equilibrio ecológico y la pérdida de cosmovisión de los pueblos amazónicos. Por fin, OEA y REPAM enumeran algunas “recomendaciones urgentes y prioritarias para los Estados de la región, con base en el contenido del 2º Informe Regional de Vulneración de Derechos en la Panamazonía de la REPAM”:

  • En cuanto a los derechos de vivir sin discriminación ni amenazas, invitando a los Estados a ratificar y lleva a la práctica del Acuerdo de Escazú, y a elaborar e implementar protocolos para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
  • En cuanto al derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos, se pide “garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas”, “priorizar la inversión en la gestión del territorio y el medio ambiente”, “fortalecer las instituciones encargadas de vigilar, supervisar y fiscalizar las acciones que atentan contra el medio ambiente” y “generar condiciones y espacios seguros para el desarrollo de la participación ciudadana en materia ambiental, de ordenamiento y planeación territorial”.
  • Con respecto al reconocimiento del derecho humano al agua, se pide desarrollar políticas públicas “para el reconocimiento y protección del derecho al agua, visto desde un enfoque intercultural” y “universalizar el acceso a agua potable, saneamiento y el manejo de ecosistemas de agua dulce”.
  • Sobre el derecho a la salud, se pide “fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud con enfoque de derechos y con respuestas integrales a la emergencia”, invitando a “elaborar un plan estratégico de respuestas, coordinada y ampliada ante la crisis sanitaria de la COVID-19”.

 

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