Ante el estado de excepción que vive El Salvador desde el pasado mes de marzo, el obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez (presente en la reciente reunión de cardenales en Roma) dijo que: “es una situación muy confusa, muy delicada, no hay diálogo en este momento en el país, es muy grave, porque no hay puentes, hay muchos muros en este momento«.

El cardenal salvadoreño dijo que es urgente que se escuche, «todos podemos aportar desde nuestra propia perspectiva, es un deseo grande de hacer patria de verdad».

Según informes de varios medios de comunicación, las autoridades del gobierno salvadoreño llevan capturadas 50.000 personas sospechadas de ser miembros de pandillas, así como personas ligadas a estas bandas. Esta «guerra contra las pandillas» es una medida del presidente Nayib Bukele para combatir -también con videos de propaganda difundidos por noticieros latinoamericanos- la violencia cotidiana. Sin embargo, no ha habido más información detallada, que defina cuántos de ellos son pandilleros, cuántos son colaboradores o cuántos de éstos han salido en libertad al no verificarse su participación en las maras. 

Diversas organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales han recibido denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) revela y alerta de casos de tortura cometidos en El Salvador durante el régimen de excepción. Recientemente, Amnistía Internacional advertía que el gobierno salvadoreño estaba realizando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas y denunciaba la muerte de al menos 46 personas en centros penitenciarios. Amnistía Internacional afirmó en un comunicado que la medida del estado de excepción «ha creado una crisis» de derechos humanos.

Ante la alarmante restricción de garantías constitucionales durante el régimen de excepción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado llamados al Estado salvadoreño a implementar políticas públicas sobre seguridad ciudadana que respeten los derechos constitucionales y la dignidad de las personas.
Dice la CIDH en un comunicado: “La gente pobre sufre lo peor de estas medidas represivas. Si tienes recursos puedes transitar el estado de excepción como si nada ocurriera, pero para la mayoría de las personas que provienen de sectores de bajos ingresos la situación es difícil. Hay puestos de control militar y policial, así como detenciones y registros arbitrarios en los barrios populares. Quienes han sido más asediados por las pandillas, ahora también lo son por el mismo gobierno”.

Para el abogado David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, durante el gobierno de Bukele “se ha montado toda una estructura legal. Se han nombrados jueces ad-hoc para aplicar el régimen de excepción; no es posible determinar si estos jueces son independientes, su calidad profesional. Y tenemos una fiscalía que tampoco está actuando con la objetividad e imparcialidad que la ley exige, que está presentando solicitudes de detención provisional sin evidencias sólidas. Este es un escenario todavía más grave de violaciones generalizadas a los derechos humanos, y no solo se trata de abusos policiales, de oficiales o de agentes en el terreno. Se trata de toda una reforma legal, de una estrategia deliberada de cometer detenciones arbitrarias y eliminar el debido proceso, con una Corte Suprema de Justicia que es cómplice para crear tribunales y nombrar jueces que están dispuestos a atropellar la Constitución y la ley para sostener este régimen. Insisto, es una política sostenida de alto nivel, concertada por quienes dirigen los poderes fundamentales del Estado. Todo esto supone una destrucción muy grande de la construcción democrática que El Salvador había tenido hasta hoy. La consecuencia la estamos viendo en miles de violaciones a los derechos humanos”.

Hablando sobre la estrategia gubernamental, y su propaganda, Morales aclaró en una reciente entrevista: “Por eso las estrategias de manodurismo, de populismo punitivo de campañas publicitarias de guerra contra la delincuencia, de guerra contra las pandillas, son tan populares: generan un espejito de seguridad en la población. Pero esto resulta siempre un engaño. Es un discurso repetitivo y hay poca memoria en este sentido, porque la estrategia termina siendo exitosa en términos publicitarios, pero en términos de efectividad contra las estructuras delincuenciales, hemos comprobado hasta la saciedad que este tipo de estrategias son un fracaso”.

 

Violencia en la historia reciente
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1991, en El Salvador han asesinado a tres sacerdotes. El primero fue Wálter Vásquez, durante la Semana Santa de 2018. Un año después, siempre en las celebraciones de la Semana Mayor, apareció muerto el padre Cecilio Pérez, quien era el párroco de San José de la Majada, en Sonsonate. Y en agosto de 2020 fue asesinado Ricardo Cortez, director del Seminario Mayor de Santiago de María, en Usulután.

En los tres casos la versión preliminar de las autoridades fue que el asesinato fue producto de hechos violentos ocasionados por pandillas, pero el caso del padre Vásquez no apunta a esa opción, según las propias investigaciones fiscales. Muchos sostienen que su muerte fue planificada, mientras que un obispo sostiene que hay señales de sicariato (investigaciones paralelas sospechan que los sacerdotes fueron asesinados porque tenían información de casos de abuso).