
La policía del régimen acusa al obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, de “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz”. La creciente represión ejercida por el régimen de Ortega, comenzó con la expulsión de las Hermanas de la Caridad, ahora más de 100 oenegés católicas han sido cerradas, acusadas de “incumplimiento de sus obligaciones establecida en la legislación que las regula”, al igual que las emisoras y canales televisivos católicos.
La crisis política y social que vive el país desde abril de 2018, ha llevado a fuertes tensiones entre el obispado nicaragüense y el gobierno de Ortega. El presidente llegó a llamar “terroristas” a los obispos tras haber actuado de mediadores de un diálogo nacional que buscaba una solución pacífica del conflicto. Ortega fue reelegido por quinta vez, siendo su cuarta legislatura consecutiva y segunda con su esposa como vicepresidenta; con la oposición encarcelada.
Desde el estado se impulsó una persecución al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, se le ha impedido la libre circulación tanto al obispo como a varios sacerdotes mediante “arresto domiciliario”. Hasta 50 policías cercan la casa donde el obispo y 10 personas más están recluidas. El pasado 5 de agosto la policía nicaragüense (que está dirigida por el consuegro de Ortega) emitió un comunicado en el que se decía que estos cristianos estaban “alterando la paz y la armonía en la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
Según una nota de prensa: “Al obispo le impusieron casa por cárcel, en una forma de amedrentarlo y decirle que está a un paso de ser encarcelado por no someterse a una pareja que se siente elegida por un designio divino para gobernar. Los mandatarios sandinistas quieren humillar a Álvarez porque el obispo ha expuesto su podredumbre y crueldad desde el púlpito.
Después del exilio forzado del obispo Silvio Báez en 2019, Álvarez se convirtió en uno de los principales flancos de acoso. El obispo de Matagalpa ha sufrido además la cancelación de todas las radios y televisoras católicas que dirigía en Nicaragua. El oficialismo ha empezado también a barajar el destierro de esta voz pastoral incómoda que, en estos días, es el centro de la persecución que los Ortega-Murillo mantienen contra la Iglesia católica”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que hace notar las acusaciones falsas sobre varios sacerdotes y obispos: “Denunciamos al mundo estos crímenes, denunciamos ante el mundo a Daniel Ortega y Rosario Murillo (presidente y vicepresidenta, respectivamente). ¿Qué más se puede hacer en Nicaragua? (…) Generar noticias falsas pareciera ser la nueva arma de destrucción mental del régimen”.
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