PARAGUAY: REUBICACIÓN de NATIVOS

tres muchachos transitan un camino rural, uno de ellos hace un paro de manos. al costado un cartel que dice territorio ancestral del pueblo Enxet
Una razón de justicia, por todo Paraguay: la restitución de territorios ancestrales.

El pasado mes de Junio, la Pastoral Indígena Arquidiocesana y la Conferencia de Religiosos del Paraguay expresaron su preocupación en cuanto al conflicto que se da tras la reubicación de indígenas en Itakyry (Departamento de Alto Paraná). Estas personas pertenecen a la comunidad Ka’a Poty, del pueblo Avá Guaraní, que habían dejado la Plaza de Armas de Asunción, luego de casi ocho meses.

Apenas arribaron, los indígenas fueron denunciados por sojeros, porque presuntamente se reubicaron en un sitio equivocado, hablando así de invasión de sus tierras de producción.
La Pastoral Indígena Arquidiocesana (PIA) y la Conferencia de Religiosos del Paraguay (Conferpar) emitieron un comunicado respecto a la situación: «Impulsados por el espíritu sinodal, hacemos eco y nos posicionamos ante determinadas situaciones coyunturales que sufren los pueblos indígenas en nuestro país. El acompañamiento cercano y el servicio misionero a nuestros hermanos nativos nos permiten reconocer a Cristo en los rostros de los más vulnerables entre los vulnerables y nos comprometen a defender la vida, la tierra y las culturas», señalan.
Recordaron que no es la primera vez que se pronuncian en este caso, ya que en otras oportunidades mencionaban la situación en que se encontraba la comunidad Avá Guaraní Ka’a Poty de Itakyry, Alto Paraná, despojada dos veces de sus tierras, legalmente compradas y tituladas por el Instituto Nacional del Indígena.
«El pasado viernes 24 de junio, la comunidad Ka’a Poty regresó a sus tierras en Itakyry, después de haber vivido siete meses en condiciones infrahumanas en la Plaza de Armas de Asunción. Se logró dar un paso importante y significativo para la sociedad paraguaya mediante un diálogo interinstitucional entre el Indi, el Ministerio del Interior, referentes de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado y miembros de organizaciones sociales y eclesiales», declara el comunicado.
Aclaran que las instituciones estatales se comprometieron con la comunidad a la restitución de sus tierras y se vio la necesidad de agilizar la gestión de la mensura judicial, que lleva más de un año detenida en el Poder Judicial.
Ante las denuncias de personas acusando y denunciando a los indígenas, solicitan a las instituciones del Estado que provean seguridad para dicha comunidad, para evitar hechos de violencia y desalojos forzosos.
«Pedimos de manera urgente que el Indi solucione este problema de ubicación y medición de su propiedad con la respectiva verificación de sus lindeles. Y al Poder Judicial que no siga retrasando la mensura judicial necesaria para la paz de todos», declararon.

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