Los obispos católicos se reunieron en asamblea general en Pilar, la primera semana de mayo, teniendo como telón de fondo la tensión económica, social y política que vive el país. En esta ocasión la jerarquía eclesiástica católica decidió culminar su encuentro casi en silencio. No hubo ni una reflexión final, ni un documento para fijar la posición del episcopado frente a la coyuntura.

La Pastoral Social y los Curas en la Opción por los Pobres sí se pronunciaron, con estilos, acentos y demandas diferentes.

En ocasión del Primero de Mayo el equipo de Pastoral Social que preside el obispo Jorge Lugones había reiterado: “es imprescindible cambiar definitivamente el paradigma del subsidio por el paradigma del trabajo”; “el empleo formal debe abarcar las nuevas formas de la economía popular”; “es imperioso que siga bajando la desocupación y que crezca el trabajo formal”. 

Lugones y su equipo habían expresado –en consonancia con las afirmaciones del papa Francisco- el contundente respaldo a los trabajadores y las iniciativas de la economía popular llevadas adelante por “personas que fueron descartadas de los empleos formales”, calificadas como “experiencias de salvación comunitaria” y destacando y valorando el hecho de que se “organizan como asociaciones o sindicatos”. Pastoral Social pidió que se propicie “igualdad de oportunidades en acceso a programas del Estado para todos, sin exclusiones sectoriales, aun cuando no pertenezcan a organizaciones o movimientos mayoritarios”.

Hubo un raconto institucional y memoria de la agenda de lo realizado por los obispos en esos días. Lo anterior no significa que el tema social y político, a modo de “mirada pastoral sobre la realidad” no haya estado presente en la asamblea. Hubo diálogos formales e informales, intercambio de información y de perspectivas, inquietudes y preocupaciones. Pero de la misma manera que sucede con otros protagonistas del escenario argentino, también para los obispos resulta tan difícil como incómodo hacer un análisis, emitir un pronunciamiento o aportar consejos.

A través de los “agentes pastorales” (sacerdotes, religiosas y laicos), la gran mayoría de los obispos recibe abundante información acerca de lo que está sucediendo en el territorio, en las provincias y en los barrios. Y en virtud de ello también permanecen encendidas las alertas. Institucionalmente la Iglesia Católica –también otras comunidades religiosas no católicas- sigue desplegando una importante labor social -en la mayoría de los casos en alianza y colaboración con el Estado nacional, provincial y municipal- destinada a contener la crisis y, en la medida de lo posible, evitar el desborde. Sin embargo, los obispos –también sus sacerdotes y religiosas- saben que lo que se hace es insuficiente y que todo podría derivar en situaciones graves en el orden social. Pero no hubo pronunciamientos colectivos, ni denuncias, ni advertencias, ni pedidos.

Al final de la asamblea episcopal, la “información de cierre” se limitó a recoger palabras del presidente Oscar Ojea en la homilía de apertura advirtiendo sobre “un contexto nacional y mundial reticente al diálogo y afecto al monólogo” y subrayando que “en la escena nacional todo es controversial”. El obispo de San Isidro había dicho que en estas circunstancias “se hace muy difícil pensar y escuchar” para terminar señalando que, como sociedad, “tenemos la responsabilidad de dialogar”.