«A la organización de la vida humana según las múltiples posibilidades laborales debería corresponder un adecuado sistema de instrucción y educación que tenga como principal finalidad el desarrollo de una humanidad madura y una preparación específica para ocupar con provecho un puesto adecuado en el grande y socialmente diferenciado mundo del trabajo». (LABOREM EXERCENS)

Para pensar en Educación y Trabajo se tiene que abordar en dos conceptos fundamentales. El primero implica concebir el aprendizaje a lo largo de la vida, el cual no se organiza a partir de la edad, el espacio, o el tiempo. Es un principio organizativo de todas las formas de educación (formal, no formal e informal) con componentes mejor integrados e interrelacionados. Se basa en la premisa de que el aprendizaje no está confinado a un periodo específico de la vida, sino que va “de la cuna a la tumba” (sentido horizontal) y considera todos los contextos en los que conviven las personas como familia, comunidad, trabajo, estudio, ocio, (sentido vertical), y supone valores humanísticos y democráticos como la emancipación y la inclusión (sentido profundo). Enfatiza el aseguramiento de los aprendizajes relevantes (y no sólo la educación) más allá del sistema escolar.

El rol del Estado

Sin lugar a dudas, hablar de Educación se vincula al concepto de política pública, el cual remite a un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. Por su carácter propositivo referido a la realización de objetivos, de dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, que denota las intenciones de la fuerza política, particularmente la de los gobernantes y las consecuencias de sus actos. El destinatario de las políticas públicas es la población, lo que significa que se hacen realidad como derechos a la persona por su naturaleza, y a la sociedad para su funcionamiento.

El mundo de la Educación no puede desligarse del mundo del Trabajo. Para poder definir el sentido del trabajo, tendríamos que dar cuenta de las diferentes corrientes teóricas que intentan caracterizarlo, además de las características históricas, las cuales no son las mismas según los países. Cada región conlleva su propio desarrollo económico y social, el cual, como bien sabemos, ha dado lugar a enormes diferencias y contextos regionales profundamente desiguales.

Los países al Sur del mundo se enfrentan a gravísimos problemas que se profundizaron en la actualidad en la coyuntura de la pandemia. Se podrían reconocer unas constantes universales en el mundo del empleo, que pueden servirnos para formular estrategias que tengan validez en contextos económicos y sociales diferentes. Veamos algunas de ellas:

1. Amplios sectores económicos se enfrentan a una reconversión masiva para hacer frente a la aceleración de los cambios tecnológicos y de organización del trabajo.
2. Las nuevas tecnologías destruyen unos empleos y crean otros, pero transforman la manera de ejercerlos y las cualificaciones exigidas en numerosos campos: industria, administración, comercio, comunicaciones.
3. La mayor creación de empleos se produce en el sector terciario, fenómeno más importante en los países con más alto nivel de bienestar, pero igualmente presente en los que están iniciando su despegue económico. Esta mayor creación de empleos en el ámbito de los servicios va asociada a la búsqueda de la excelencia de los mismos.
4. Adquiere importancia creciente «el trabajo independiente», el autoempleo de trabajadores que crean su propio negocio, su propia empresa. Las pequeñas y medianas empresas, con un escaso capital económico pero sustentadas en un valioso capital humano de emprendedores, asumen un papel relevante en la transformación de las estructuras económicas.
5. Existe una tendencia mundial a la privatización de la economía. Los Estados reducen su papel al de apoyar la iniciativa empresarial. Esto tiene importantes consecuencias en el empleo, en la estabilidad de los contratos, en la movilidad profesional, en las exigencias de cualificación…
6. La necesidad de proteger un medio ambiente en peligro obliga a pensar en un «desarrollo económico sostenible». Este, en palabras de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y el Desarrollo, consiste en «cubrir las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades». La repercusión del crecimiento viable en el empleo puede ser considerable en los próximos años. Por una parte, se van a perder empleos en las empresas y sectores contaminantes. Pero, por otra parte, van a ser necesarios profesionales con una formación multidisciplinar, dada la complejidad de los problemas del medio ambiente. Van a aparecer nuevas formas de consumo que generarán, a su vez, nuevos empleos.
7. Finalmente, el desempleo estructural sin fronteras, que es por lo general un desempleo de larga duración y que afecta a un gran número de personas «inadaptadas al empleo», a causa principalmente de una formación insuficiente para adaptarse a la evolución de la economía (cambios tecnológicos, cambios en la organización del trabajo, cambios en el mercado de trabajo).

Todos estos fenómenos, que ocurren en todo el mundo en mayor o menor grado, determinan la naturaleza cambiante del mercado de trabajo. Como consecuencia, los empleos y las cualificaciones se transforman. La capacidad de adaptación, basada en una formación flexible y en las competencias transversales (temática de reciente incorporación en el Marco Currícular de ANEP) van de la mano para fortalecer a la población económicamente activa, sobre todo en la presente década, en la que el panorama parece indicar que puede haber una reducción sumamente importante de los trabajadores no cualificados y una mano de obra mucho más altamente cualificada.

El papel estratégico de la educación en el desarrollo económico y social

Tal como decíamos, la educación y el trabajo son hoy dos elementos conformadores de toda sociedad democrática, que están estrechamente vinculados. La igualdad de oportunidades de acceso a la educación facilita el ejercicio efectivo del derecho del trabajo. Podemos decir también que aquellos pueblos que soportan un mayor nivel de injusticia social se suelen caracterizar por las carencias educativas de gran parte de los ciudadanos y, en consecuencia, por un alto índice de desempleo.

La necesidad de vincular educación y actividad económica se ha reforzado mucho en los últimos años. El factor humano ha pasado a ocupar el primer plano entre todos los medios de producción. La creciente competitividad a nivel internacional, basada en la calidad de los productos y en la rapidez de prestación de los servicios, hace que la cualificación de la mano de obra se convierta en el principal elemento para garantizar el futuro de las empresas. La acumulación de capital económico y la adquisición de tecnologías sofisticadas no bastan por sí solas; es el capital humano el que únicamente puede garantizar su rentabilidad y correcta articulación. Las nuevas tecnologías, en contraposición a las antiguas, son altas en información y bajas en energía. Dicha información necesita del elemento humano que la rentabilice.

Desde el punto de vista social, el nivel de instrucción y de cualificación se convierten en instrumentos de selección para el acceso al empleo y a la promoción dentro de una profesión. Parece seguro que la falta de formación es principal causa de desempleo de larga duración y que la reducción del desempleo de un país no se consigue hoy únicamente persiguiendo un mayor crecimiento macroeconómico, sino que, paralelamente, es necesario asegurar un flujo suficiente de fuerza laboral cualificada al mercado de trabajo.

Una conclusión casi obvia es que aquellos países que restringen los recursos dedicados a la educación, aparte del costo social que el «ajuste» tiene para los ciudadanos más desfavorecidos, pueden estar cerrando su propia viabilidad económica futura, por más que esta dependa también de otros muchos factores.

La educación básica y el mundo del trabajo

Reiteramos que cuando hablamos de educación no es en referencia exclusiva a la escolarización sino a la oportunidad de adquirir formación de modo permanente y a lo largo de toda la vida, partiendo de una educación básica en la infancia y la juventud. Asimismo, es preciso empezar poniendo de relieve que, en relación con la preparación para el mundo del trabajo, existe una prioridad incuestionable, que es una educación básica de calidad, ya que una buena formación general o de base es en cierto sentido la mejor preparación profesional.

La razón de esta prioridad resulta cada vez más evidente. En las actuales condiciones del mercado laboral los trabajadores han de ser capaces de desempeñar nuevas tareas y manejar nuevos equipos. Esto les obliga a ser más flexibles y versátiles, a disponer de un bagaje amplio de conocimientos teórico-prácticos y a una correcta comprensión del mundo en que cada uno vive y trabaja. Pero, además, cuando no se garantiza la educación básica a toda la población, sale perjudicada no sólo la vida laboral sino también la capacidad de inserción en la vida social y, en definitiva, la vida democrática. Sabemos que son numerosos los pueblos latinoamericanos que no tienen aún garantizada la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza básica, con lo que su modelo de desarrollo los hace dependientes, a todos los niveles, de los países con mano de obra más cualificada. La primera prioridad política en materia de educación y formación consiste, por tanto, en garantizar a todos los niños y jóvenes una escolaridad que dure hasta el umbral de la edad legal de trabajar. Ninguna dificultad o circunstancia económica puede excusar a los gobiernos de abordar este reto, pues no invertir en educación a este nivel es hipotecar por muchos años el futuro económico y social de los pueblos. Desafortunadamente, las inversiones que se necesitan son cuantiosas y los resultados se ven a largo plazo, por lo que sólo pueden abordarse con políticas generadas que no buscan una rentabilidad inmediata.

Asimismo, reviste enorme importancia cara a la vinculación del mundo de la educación con el del trabajo, definir correctamente las competencias y conocimientos que la enseñanza básica debe facilitar a los estudiantes. Existen competencias que son fundamentales para el pleno desarrollo de la personalidad humana, lo son también para la inserción en la sociedad y en la vida profesional. Muchas de las profesiones actuales exigen, en efecto, conocimiento y confianza en uno mismo, capacidad de iniciativa, capacidad de razonamiento lógico en la toma de decisiones o en la solución de problemas, capacidad de asumir las propias emociones, desarrollo de unas aptitudes físicas y capacidad de comunicarse o de colaborar con los demás.

A la misma conclusión arriban investigadores de la formación profesional y del mundo de las ocupaciones. Las competencias de base que necesitan los trabajadores actuales tienen mucho que ver con actividades humanas profundas como la capacidad de tomar iniciativas, seguir un razonamiento abstracto, aprender por sí mismos y trabajar en grupos.

Desde el punto de vista de los conocimientos de las diversas disciplinas científicas, siguen siendo imprescindibles aquellos que sirven de herramientas para aprender o los que ayudan a comprender y situarse en el medio. Pero no se trata de multiplicar hasta el infinito los elementos o contenidos de los programas escolares, sino de dar un tratamiento interdisciplinario a los temas, dada la compleja naturaleza de los problemas a resolver en la vida real.

El entrenamiento en las tecnologías de la comunicación y la información es parte de la cultura general. Desde la escuela primaria se intenta poner el acento en lo que suponen de formación global, en aprender su funcionamiento general, familiarizándose con su uso y comprendiendo su papel social.  Por último y en relación con la educación, cabe destacar la necesidad de informar adecuadamente sobre los empleos, las carreras y el mundo del trabajo, lo que supone, a su vez, que se muestre la utilidad de las cosas que se aprenden y que los propios profesores conozcan el mundo de las empresas.

No cabe duda que la misión de la educación básica es más amplia que la de preparación a la vida activa, pero no resulta intrascendente recordar que la capacidad de inserción en la sociedad es hoy un elemento crucial para el desarrollo de la personalidad humana, que es el objeto último de la educación.

La formación profesional y el empleo en clave de transición justa

Existe un amplísimo acuerdo en relación con la preparación para el mundo del trabajo y sobre la necesidad de que exista una continuidad y coherencia entre la enseñanza obligatoria, la formación profesional inicial, el empleo y la formación continua en la vida laboral.

Por ello el segundo gran reto de los sistemas educativos consiste en garantizar una formación profesional inicial, tras la enseñanza obligatoria, que posibilite la consecución de un empleo cualificado.

Muchos países se han propuesto como meta conseguir para todos los jóvenes de uno a tres años de formación profesional. Varios estados están poniendo en marcha programas de garantía formativa para facilitar al menos una cualificación básica a todos los que terminan la enseñanza obligatoria sin una titulación, y se han propuesto como objetivo que una buena parte de los jóvenes termine la enseñanza secundaria. Seguramente estos objetivos están muy alejados de las posibilidades presupuestarias de algunos países, pero no parece conveniente olvidarlas como metas de referencia, dada la estrecha relación existente entre capital humano y desarrollo económico.

Otro objetivo importante de las comunidades que aspiran a relanzar su economía o a mejorar su competitividad es el de conseguir que un sector importante de su mano de obra alcance cualificaciones de tipo intermedio, que son las más demandadas y reconvertibles en una situación de renovación tecnológica. Es imprescindible contar con un sistema educativo que facilite a gran parte de la población acceder a cualificaciones de tipo intermedio. La modernización tecnológica incide escasamente sobre las cualificaciones intermedias. En este sentido, la propuesta de la transición justa es uno de los baluartes de los movimientos sindicales internacionales. No se podría pensar en un proceso de transformación digital sin el marco de la justicia social.

Una transición justa significa hacer que la economía sea lo más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás. Una transición justa implica maximizar las oportunidades sociales y económicas de la acción climática, al tiempo que se minimizan y se gestionan cuidadosamente los desafíos, incluso a través de un diálogo social eficaz entre todos los grupos afectados y el respeto de los derechos humanos fundamentales.

Garantizar una transición justa es importante para todos los países en todos los niveles de desarrollo, para todos los sistemas económicos y para las zonas urbanas y rurales por igual. Un enorme reto que deberán afrontar todos los sistemas de gobernanza. Los gobiernos, los empresarios y los trabajadores son agentes del cambio que comparten la responsabilidad de desarrollar formas de trabajo nuevas e innovadoras que salvaguarden el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, erradiquen la pobreza y promuevan la justicia social.