México cuenta con el segundo número de bautizados católicos en el mundo, pero es uno de los países más inseguros y violentos del mundo. En gran parte de su territorio los que mandan son los carteles del narcotráfico que luchan entre sí con masacres cada vez más espantosas.

El año pasado, según datos oficiales, hubo 33.308 asesinatos, casi cien por día, cuatro por hora. Se han generalizado las extorsiones contra ciudadanos comunes. La violencia contra las mujeres ha llegado a contabilizar diez asesinatos por día, sin contar las mujeres desaparecidas. Cada vez más brutal también la forma de reclutamiento e iniciación de los mercenarios.

La Conferencia Episcopal ha repetidamente denunciado la impunidad de la delincuencia organizada y el arzobispo Rogelio Cabrera Lopez, presidente de la misma, ha dicho: “Los orígenes de la violencia se encuentran en la familia y de allí se extienden a la sociedad, a los municipios. Todos debemos sentirnos corresponsables en la lucha contra la violencia y asumir nuestras responsabilidades, antes de culpar a los demás. Esta violencia ya es una cuestión estructural en nuestro país con la difusión del narcotráfico y la trata de personas que son fuente de ganancias millonarias. Como Iglesia trabajamos por una artesanía de la paz desde abajo y la Iglesia paga un alto precio por la cantidad de sacerdotes asesinados o amenazados en estos años, por su denuncia de la situación de violencia y criminalidad”.

En los últimos años han sido asesinados más de 70 sacerdotes y religiosos sin contar las amenazas, las extorsiones, los fraudes, los ataques a templos católicos. También la epidemia del Covid ha cobrado la vida de siete obispos, 258 sacerdotes, 6 religiosos, 10 religiosas y 13 diáconos permanentes.
El año pasado ha sido terrible también para los migrantes guatemaltecos, hondureños y haitianos que transitan por México, debido a que por la presión de Estados Unidos el gobierno mexicano ha retomado el programa: “Quédate en México” y así 252.526 emigrantes fueron arrestados. Ese programa había sido implementado a comienzos de 2019 con un acuerdo entre Donald Trump y Lopez Obrador, por el cual Estados Unidos devolvía a México los solicitantes de asilo no mexicanos para que esperaran en México hasta que se resolvieran sus situaciones. Biden y Lopez en diciembre de 2021 reiniciaron el programa.
La gravedad de los abusos de derechos humanos en estas circunstancias, desató la condena de todos los organismos internacionales de derechos humanos. Ahora Tapachula, que es una ciudad de 190 mil habitantes confinante con Guatemala, es la nueva Lampedusa mexicana que alberga a 40 mil migrantes de paso, sobre todo haitianos que huyen del hambre y la violencia.
Se está dando una represión sin precedentes contra estos emigrantes por parte del ejército, la marina y la guardia nacional. La Conferencia Episcopal también denunció claramente esta situación: “Se están violando múltiples principios internacionales en cuanto al refugio y al asilo. Hay indiferencia y discriminación por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno. No se da la debida atención humanitaria a los emigrantes”.