Hace cinco años, el 24 de noviembre de 2016 se firmaba en Bogotá la paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, debido a lo cual el presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. El sacerdote jesuita Francisco de Roux fue encargado por Santos de presidir la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de los hechos a lo largo de 50 años de conflicto armado. En una entrevista reciente el sacerdote intentó un balance de su trabajo.

Según Francisco de Roux, con los Acuerdos de Paz terminaron las grandes masacres (se han registrado dos mil); los secuestros han disminuido un 95%, los desplazamientos forzosos y los robos de tierra un 80%.
La mayor parte de los guerrilleros ha dejado las armas. Ya no hay ataques a las aldeas.
Lo negativo es que el 20% de los ex guerrilleros han vuelto a la guerrilla y que se acrecentó la matanza de líderes sociales. Hubo 1.270 líderes sociales masacrados (155 tan solo en la primera mitad de este año), 293 ex guerrilleros que habían depuesto las armas eliminados (44 este año).
Creció el tráfico de drogas y la destrucción de la selva. Regiones enteras, en las que antes dominaban las FARC, son ahora controladas por los grupos armados y los narcotraficantes, con ausencia del estado. Son zonas abandonadas por el estado y no hay programas sociales que incluyan servicios sanitarios y educativos, rutas y estructuras básicas.

Afirma de Roux: “El primer punto de los Acuerdos de Paz era el derecho de los campesinos a la restitución de sus tierras. Miles de campesinos han sido desplazados para robarles la tierra; y les robaron seis millones de hectáreas de tierra durante el conflicto. Los Acuerdos pedían una reforma rural integral y el reconocimiento de los derechos de los campesinos. Se quería terminar con el mayor índice de concentración de tierra en manos de unos pocos, que caracteriza a Colombia. Pero el problema de la tierra no ha sido resuelto. Los líderes sociales son asesinados  por defender  la tierra y los derechos de los campesinos, otros por intentar la erradicación de la coca, otros por defender el medio ambiente. Un grave tema a enfrentar y resolver es la vinculación entre droga y paramilitarismo, narcos y guerrilla, políticos y grupos criminales. Los narcotraficantes colombianos han ingresado en el paramilitarismo para conseguir el respaldo del estado y del ejército y así aparecer frente a la opinión pública como luchadores contra la insurgencia. Los paramilitares de hecho no fueron perseguidos por el estado. Las FARC se vincularon también con el narcotráfico, pero solo para financiar la lucha política”.

Según el sacerdote “no se ha entendido que los Acuerdos de Paz no eran solo con las FARC, sino para pacificar el país y hoy no hay esa perspectiva de paz. En estos cinco años faltó un gobierno nacional que uniese a todos los colombianos en torno a una política de estado hacia la “paz grande” que asegurara la implementación plena de los Acuerdos.  Sin embargo seguimos con esperanza, porque  en los últimos  años hemos constatado que mucha gente se aleja de las luchas armadas y se acerca a la protesta social pacífica, con una gran pasión por la verdad y la justicia. Mucha gente de Iglesia ha muerto en su lucha por la paz desde la fe y son parte de más de 4 mil personas que en los últimos 30 años murieron por oponerse a la guerra desde la no violencia; y fueron asesinados por soñar con otra Colombia”.