Unas 20 mil personas han peregrinado, observando estrictamente el protocolo por la pandemia, el 31 de julio hacia la histórica imagen de un Crucifijo en la catedral de Managua. Fue en desagravio de un incendio intencionado que quemó la imagen del Cristo y que el arzobispo Leopoldo Brenes probadamente atribuyó al gobierno, mientras que este habló de «un incidente».

Como represalia, el gobierno convocó a la fiesta y a la procesión por las calles de Managua en honor de Santo Domingo, pero sin la autorización de Brenes y con una imagen sustitutiva del santo y sin la bendición de la Iglesia.
El presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de ser un partido político y dijo: “Esos señores unieron la cruz a la espada con crímenes brutales hacia nuestros antepasados que defendían sus derechos. Usaron a Cristo para destruir la vida de nuestros pueblos indígenas y millones de personas fueron exterminadas. Los sacerdotes siguen denunciando cosas como si fueran santos, pero hay que rascar bajo la superficie para encontrar la inmundicia; faltan gravemente de respeto al mismo Dios. Ni Dios ni Cristo necesitan de esos fariseos. Cristo nunca dijo que necesita de intermediarios. El que ama a Dios, le habla con el corazón y Dios lo escucha”.

Por su parte la vicepresidenta Rosario Murillo, que es su esposa, denunció “las acciones satánicas de los sacerdotes católicos en contra del legítimo gobierno. Son gente iracunda, arrogante, perversa cuando se supone que deberían promover amor”.
El arzobispo Brenes dijo que la Iglesia “está preparada para seguir enfrentando la persecución del gobierno y que seguirá hablando en favor de la democracia, sin miedo a las consecuencias. A pesar de las falsas acusaciones del gobierno, la Iglesia no tiene ninguna intención de convertirse en una institución o partido político. La misión de la Iglesia es acompañar al pueblo desde el Evangelio. Las ideologías y los gobiernos pasan; la Iglesia permanece”.

Antes de las elecciones nacionales del 7 de noviembre, unos treinta líderes opositores, entre ellos siete candidatos presidenciales, han sido encarcelados o han tenido que huir del país. Hay una dura represión contra los políticos opositores y sus familias, contra los periodistas y los órganos de información, contra los sandinistas disidentes, todos acusados de una supuesta traición a la patria. Hay miles de víctimas del régimen.
Estos hechos, que se dieron después de las protestas masivas que comenzaron en abril de 2018, no tienen antecedentes en el país. El obispo auxiliar de Managua Silvio Baez, exiliado en Miami y acompañado por su familia (también amenazada de muerte) dijo recientemente: “Lo peor que le puede suceder a un pueblo es vivir sometidos. Quienes ejercen el poder sin compasión, con crueldad, viven y luchan por conservarlo, despojan al pueblo de la libertad, condenan la gente a la pobreza, siembran el odio y el miedo  y reprimen de manera criminal; se convierten así en delincuentes legalizados y saqueadores estatales”.

El 10 de julio en una carta colectiva los obispos decían: “Debemos evitar que se institucionalicen en el país restricciones arbitrarias e ilegales de las libertades y la persecución a la oposición y a los medios de comunicación. Preferimos y queremos un sistema democrático en Nicaragua, con división de poderes según el estado de derecho. Sobre la arbitraria voluntad de los hombres está la Ley. Pedimos la inmediata restitución de los derechos civiles a los políticos injustamente detenidos y elecciones libres, creíbles, en igualdad de condiciones, con observadores nacionales e internacionales”.

Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y sin opositores visibles, se ha presentado otra vez como candidato con Rosario Murillo para un cuarto mandato consecutivo, de cinco años.