Por primera vez en treinta años decenas de miles de personas han pacíficamente desafiado a la policía, protestando por la falta de alimentos, las colas de abastecimiento, la lentitud de las vacunaciones y reivindicando el derecho a la libertad de expresión. El gobierno ha acusado a la “mafia cubano-americana” y a Estados Unidos de promover los disturbios en contra del régimen.

Es indudable que la crisis económica de Cuba tiene mucho que ver con el bloqueo y las sanciones económicas de Estados Unidos, pero el gobierno ha contestado a las protestas pacíficas con la confrontación, la represión, los arrestos, cortando la telefonía móvil y bloqueando las redes sociales.
La Conferencia Episcopal el 12 de julio ha sacado un comunicado en el que afirma: “No podemos cerrar los ojos como si nada estuviera sucediendo. Si bien el gobierno ha tratado de tomar medidas para paliar las presentes dificultades, el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, sus anhelos y esperanzas; a reclamar por algunas medidas que lo están afectando seriamente. Nos preocupa que la respuesta a estos reclamos sea el inmovilismo que contribuye en dar continuidad a los problemas sin resolverlos. Las situaciones se agravan mientras se camina hacia una rigidez y endurecimiento de posiciones con consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos. No se llegará a una solución favorable con imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación sino ejerciendo la escucha mutua, llegando a acuerdos consensuados y dando pasos concretos y tangibles hacia una patria con todos y para el bien de todos. Invitamos a no incentivar la situación de crisis y a superar la agresividad que abre heridas y rencores que mañana costará mucho trabajo superar”.
Por su parte, el sacerdote Ariel Suarez, secretario de la Conferencia Episcopal, dijo que “es lamentable que las autoridades que gobiernan y algunos grupos de la sociedad se autoconsideren adversarios irreconciliables y que en la práctica rechacen cualquier diálogo porque todos consideran que no tienen nada que hablar sino que tan solo quieren eliminarse unos a otros”.
La Iglesia cubana -como siempre- no cierra los canales de comunicación con el gobierno, por ser uno de los pocos actores de la sociedad con la credibilidad suficiente para jugar un rol de mediación.
Según Amnistía Internacional en las últimas manifestaciones “hubo detenciones arbitrarias con una robusta presencia militar y poco se conoce el paradero de los presos detenidos ; las autoridades no dan información. Hubo excesivo uso de fuerza contra los manifestantes, acusados por el presidente Miguel Diaz-Canel de ‘mercenarios y vendidos al imperio’. Es un libreto que se repite desde hace tiempo”, dijo Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional.
Por su parte, el teólogo español José Ignacio Gonzales Faus les recordó a los que apoyan la marginalización y las sanciones contra el pueblo cubano que “hay que reconocer que en Cuba hay una dictadura innegable por falta de libertad, pero también hay democracias donde no gobierna el pueblo sino el dinero. La justicia social sin libertad es dictadura; la libertad sin justicia social es dictadura. La libertad y la justicia social son una pareja necesaria y donde falta una de las dos, hay un sistema manco y cojo”.