El Parlamento español aprobó la ley que legaliza la eutanasia y regula la ayuda médica para el que quiera morir. La muerte asistida podrá ser solicitada por personas mayores de edad que sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que afecta la autonomía y que genera un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Se autoriza así la eutanasia (España es ahora el séptimo país con la eutanasia legal) y el personal médico administra la sustancia mortal.

También se autoriza el suicidio asistido y la persona misma se encarga de tomar la dosis prescripta.
Como reacción la Iglesia, en especial los Camilos, san Juan de Dios y los hospitales católicos han declarado: “Acelerar la muerte, ya sea por acción u omisión de tratamientos y cuidados que son debidos a cualquier paciente al final de su vida o en situación de grave discapacidad, es un daño irreparable que no estamos dispuestos a infligir a nadie. Facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, supone un desprecio a la dignidad humana ya que se suprime a una persona a manos de otras personas. Es únicamente la sedación paliativa, administrada previo el consentimiento del paciente, la que respeta y humaniza el  proceso final de la vida, mitigando el sufrimiento intenso e incoercible. Confiamos en  nuestra capacidad de acogida, acompañamiento y cuidados paliativos en la fase final de la vida para aliviar los sufrimientos, sin ensañarse en alargar la vida ni truncarla irresponsablemente”.
Los obispos apoyaron este fuerte reclamo y pidieron que los hospitales católicos sean “zonas libres de eutanasia”, se respete la objeción de conciencia de los sanitarios y que los católicos escriban su voluntad anticipada pidiendo una atención integral en los momentos finales de su vida.
Según el teólogo Gabriel Otalora “llama la atención que en este debate se haya dado tan  poca importancia a los cuidados paliativos que son un derecho de toda persona y son una respuesta científica y humana para los enfermos en fase avanzada y terminal, tal como lo sugiere la OMS. Los gobiernos deben garantizar el “derecho a no sufrir”, y no el derecho a morir. Se trata de un apoyo a los enfermos no solo profesional sino psicológico y espiritual que garantiza el derecho a la vida, no a la muerte”.
Según el sacerdote escritor Alejandro Barrajón: “No puedo entender, aunque esto no sea políticamente correcto en este tiempo, que haya personas obsesionadas con la promoción de la muerte y de leyes que llevan a una muerte segura e irreparable como el aborto y la eutanasia. No solo se desprecia la vida que es un don de Dios para cualquiera sino que el juramento hipocrático universal ya ha quedado como papel mojado. Es un verdadero atraso histórico y moral inyectar veneno a los enfermos terminales cuando existe la posibilidad de controlar el dolor e impedir el sufrimiento. Además la mayoría de los enfermos terminales no quieren morir. Se trata de una ley tan cruel como injusta e inhumana. ¿Es posible que haya ayuda para morir y no para vivir?”.