Pandemia y desafíos a la seguridad social

Algunas reflexiones en torno a los desafíos de la seguridad social frente a la Pandemia en América Latina y Uruguay

Escribe Pablo Guerra

obrero de la construccion sale del predio de una obra con su casco amarillo puesto. es joven, de barba candado y lleva una camiseta roja de manga larga. el porton de chapa tiene un cartel que dice no hay vacante

Los inicios de este milenio para América Latina fueron muy prometedores en materia social. En su primera década más de 50 millones de personas escalaban posiciones desde las clases bajas hacia las clases medias y por consecuencia, las tasas de pobreza se reducían sustancialmente. ¿La explicación? Una interesante combinación entre un período favorable para las economías latinoamericanas junto a políticas públicas y sociales que permitieron mejorar tasas de empleo, salarios y además financiar políticas de transferencia monetarias para los sectores más vulnerables.

Esa combinación no siempre es posible: hay períodos históricos en que se materializa crecimiento económico aunque eso no se traslade (al menos con la misma fuerza) a mejorar niveles de empleo o pobreza. Para el caso uruguayo, eso es lo que ocurrió por ejemplo en la década de los 1990s. Otras veces sucede que hay voluntad de implementar políticas redistributivas pero la economía se estanca, afectando el empleo y la pobreza.

Esto último es lo que comienza a percibirse en el continente a partir de los inicios de la segunda década. Esa economía que se mostraba eufórica en 2008, cuando los países centrales veían cómo la crisis financiera les pegaba duro, comenzaba a dar signos de agotamiento. Para 2015, año en que las Naciones Unidas presentaban el desafío de los Objetivos del Milenio, nuestro continente esperaba un crecimiento de solamente 0,5% y las luces de alarma se encendían pues los logros sociales podían comenzar a afectarse. Tras el denominado “viento de cola” que caracterizó el boom de las commodities para el período 2000 – 2014, comenzaba entonces un nuevo período esta vez de desaceleración económica, caída del PIB per cápita, disminución de las inversiones, baja en el consumo per cápita, reducción de las exportaciones y como consecuencia de este paquete, pérdida en la calidad de los empleos, mayores tasas de desempleo y regreso de muchas familias de aquella incipiente clase media a engrosar las clases de ingresos bajos.

En esta delicada situación (el peor quinquenio económico en los últimos 50 años)  es que la crisis del Covid 19 toma a nuestra región. La caída del PIB para 2020 fue en el entorno del 9% promedio para el continente. Y todos sabemos que cuando el PIB se desploma, la pobreza, el desempleo y la informalidad se multiplican, sobre todo si no disponemos de un buen sistema de seguridad social algo que precisamente no abunda en la región.

Este relato tiene sus particularidades país por país. Uruguay, por ejemplo, mostró un crecimiento sostenido desde 2004 hasta 2019 (con una tasa anual promedio en el entorno del 4%) con resultados positivos en buena parte de los indicadores sociales más emblemáticos, caso de pobreza, indigencia, informalidad, salario real y empleo. Aún así, los últimos de esos quince años evidenciaron primero una desaceleración y luego estancamiento. Si bien se pudo evitar la recesión que tuvieron nuestros gigantes vecinos, el PIB creció 1.8% en 2018 y apenas 0,2% en 2019, año en el que también hubo efectos negativos en las tasas de desempleo y pobreza.

La Pandemia, que llega al país apenas dos semanas después de instalado un nuevo Gobierno, obliga a las autoridades a repensar algunos de sus propósitos iniciales (por ejemplo, reducir el alto déficit fiscal) volviéndose más relevante decidir cuánto y mediante qué medios será posible mantener los motores de la economía encendidos aún en circunstancias en las que se espera reducir movilidad para evitar contagios; o decidir cómo proteger a miles de personas que ya no cuentan con  ingresos suficientes para sobrevivir. Con una caída del 5.8% del PIB en 2020 y 100.000 nuevos pobres, la emergencia pasa también a ser social.

Si bien los efectos de la Pandemia en el plano económico han dejado en evidencia las fragilidades del crecimiento anterior, a  diferencia de la mayoría de los países en la región, Uruguay parte de una base diferente respecto a su sistema de seguridad social, comenzando por una mayor cobertura y siguiendo por un mayor número de dispositivos. Eso le permite, por ejemplo:

 

  • aplicar y flexibilizar la figura del seguro de desempleo, como se ha hecho de manera acertada desde el comienzo de la pandemia a los efectos de atender la realidad de empresas que vieron bajar sus ingresos o que debieron cerrar momentáneamente;
  • asegurar la cobertura en salud a todos sus ciudadanos o incluir en el régimen de licencia por enfermedad a algunos trabajadores en situación de vulnerabilidad como se ha hecho con monotributistas mayores de 65 años de edad;
  • asegurar una entrada económica aunque sea mínima a las familias más necesitadas. A manera de ejemplo, las Asignaciones Familiares que funcionan desde 1943: las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad han duplicado su valor como forma de hacer frente a la crisis del Covid. Otros programas de transferencias monetarias, algunos de los cuáles funcionan bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (creado en 2005) también han sido útiles para apoyar a sectores vulnerables (caso de la Tarjeta Uruguay Social).
  • mantener a un sector de la economía popular integrado al sistema de seguridad social mediante el régimen del monotributo (2007) y monotributo social (2011). Aún lejos de cubrir al universo de la economía popular es un instrumento válido que también ha sido utilizado para generar subvenciones en tiempos de pandemia;
  • o incluso asegurar un mínimo de ingresos a personas a partir de un rango de edad (pensión a la vejez, creada en 1919).

Se dice, y se dice bien, que los grandes cambios vienen luego de las grandes crisis. En materia de seguridad social eso es bastante evidente: nótese el papel del New Deal y el sistema de seguridad social norteamericano luego de la crisis del 29 o más notorio aún, el Reporte de Beveridge luego de la II Guerra Mundial para el caso europeo.

Asoma entonces como desafío para el continente, tomar esta crisis como punto de partida para el diseño de un sistema de seguridad social que logre universalización de prestaciones en un mercado de trabajo en el que la mayoría de sus integrantes no acceden a un empleo asalariado típico. Para países como Uruguay, que como hemos visto ya cuenta con un sistema de seguridad social más desarrollado, los desafíos no dejan de ser menores.

De hecho, el país ha creado recientemente (mediante la LUC) una Comisión de Expertos en Seguridad Social para realizar un diagnóstico del sistema previsional y que tiene como cometido presentarle una propuesta de reforma al Poder Ejecutivo. Los cambios demográficos (mayor envejecimiento) y del mundo del trabajo (por ejemplo, la disminución en el número de empleos estables; mayor incidencia del trabajo autónomo favorecido por las nuevas tecnologías, etc), asoman como activantes de una reforma, aunque también algunas heterogeneidades en derechos y obligaciones (la Caja Militar es la más notoria) o incluso problemas de financiamiento.

Su creación debería ser entonces una oportunidad para el diseño de un sistema pensado también para incidir en mayores grados de equidad, sin obsesionarse exclusivamente por la sostenibilidad financiera so pena de perder como referencia la sostenibilidad social. Iniciativas como las de Álvaro Forteza, de un ingreso mínimo garantizado a toda persona mayor de 65 años de edad, por ejemplo, van en esa línea. Lo mismo que pensar en un sistema integrado que privilegie el trabajo como el principal instrumento de política social, pero a la vez asegure ingresos transitorios a quienes no puedan acceder al mismo e ingresos permanentes a quienes la sociedad entienda no están en condiciones de aportar a la vida laboral, ya sea por edad, enfermedad o accidente.

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