El golpe de estado militar llegó después de cinco años de gobierno civil orientado por la Premio Nobel Aung San Suu Kyi, desde comienzos de 2016 hasta comienzos de este año. Hubo en aquel tiempo resultados positivos a nivel socio-económico, de salud y educación y de participación popular, pero con una pertinaz resistencia de los militares.
Falló el diálogo y la convivencia entre civiles, militares y grupos étnicos; por lo tanto hubo una semi-democracia. Apoyada por Kofi Annan, y contrastada por los militares, Aung Suu Kyi impulsó un proyecto que implicaba la libertad de movimiento para los “rohingyas” (etnia de religión musulmana), el cierre de los campos de refugiados internos y la superación de las discriminaciones étnicas y religiosas.
En las elecciones del 8 de noviembre de 2020 el partido de Aung, el NLD (Liga Nacional para la Democracia), ganó el 83% de los votos mientras el partido de los militares se quedaba con el 7%. Los militares, si bien son acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad, son poderosos y controlan los sectores más rentables de la sociedad (empresas, minerías, petróleo, gas…); son un estado dentro del estado con 500 mil soldados bien equipados y cien mil policías con armas muy modernas. A pesar de todo esto la entera población se ha rebelado y declarado en estado de desobediencia civil. La oposición política y los grupos étnicos se han aliado, y las religiones también. Ha habido por eso irrupciones militares en las iglesias, monasterios y templos budistas del país.
Desde un comienzo el cardenal Charles Maung Bo dio su apoyo a los esfuerzos no violentos para restaurar la democracia en el país. Comparó el golpe militar a “una catástrofe demoledora que hizo que los sueños de todo un pueblo se convirtieran en una pesadilla” y pidió que “el odio entre etnias y religiones sea enterrado para siempre”. El cardenal, que es un salesiano birmano actual arzobispo de Yangon, llamó al diálogo, condenó la violencia militar y policial contra civiles inocentes y en una entrevista ratificó el apoyo popular y de los jóvenes (el 40% de la población) para con el liderazgo de Aung y pidió a occidente no recurrir a sanciones económicas que solo dañarían a los más pobres.
Se teme en el país la proliferación de grupos armados y una guerra civil. Se constituyó un gobierno de unidad nacional en el exilio declarando que no habrá diálogo si antes no se libera a Aung y a todos los presos políticos (unos 3.500). Por su parte, la junta militar no dialogará si antes el país no vuelve a la normalidad.
