Del 24 al 26 de marzo pasados, invitado por numerosas organizaciones humanitarias, sesionó en Colombia el Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar al Estado por genocidio, impunidad y crímenes contra la paz. El TPP, que ya ha juzgado a varias dictaduras y gobiernos autoritarios  y represivos  en América Latina, es un tribunal internacional de opinión que no tiene implicancias judiciales y que tiene sus raíces históricas en el Tribunal Russel sobre la guerra de Vietnam. 

El Tribunal juzga sobre los derechos de los pueblos, proclamados en Argelia en 1976, y apela a la conciencia ética de los estados y de las sociedades; no tiene efectos penales pero establece responsabilidades. Las audiencias se celebraron en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Encabezó las audiencias el titular del Tribunal, el jurista francés Philippe Texier; y en el jurado estuvo trabajando el obispo mexicano Raúl Vera y, entre otros, también la docente universitaria y sobreviviente argentina de la Esma Graciela Daleo. El gobierno se negó a participar, pese a ser oficialmente invitado.
El jesuita colombiano p.Javier Giraldo, luchador desde siempre por los derechos humanos, es uno de los vicepresidentes del Tribunal internacional. Declaró: “Las víctimas se sienten ahora  respaldadas por un derecho genuino , juristas y académicos de fama internacional que analizan su situación y respaldan sus reclamos. Esto es importante para que las víctimas sigan defendiendo sus derechos y la verdad. Colombia es un país donde la vida no vale nada, terriblemente violento, discriminatorio, excluyente. Pero los que tenemos fe, creemos que lo imposible puede ser posible”.
El primero que acusó al gobierno de Iván Duque de “genocidio en Colombia”  contra los líderes sociales, campesinos e indígenas, los que apoyan los acuerdos de paz, los ex guerrilleros que acogieron el proceso de paz etc., fue el obispo de Cali Darío de Jesús Monsalve, cuestionado por el Nuncio pero defendido con un “apoyo caluroso y fraterno y completo respaldo” por el secretario general del Dicasterio Pontificio para el Desarrollo Integral mons. Bruno-Marie Duffé.
La última en ser asesinada en este mes de abril por los narcos ha sido la líder indígena Sandra Chocué en el Cauca, la activista social n.52 desde enero pasado. Ya son 1.162 los líderes sociales asesinados  desde los Acuerdos de Paz de 2016. El Tribunal estableció que “hay un proceso de genocidio político continuado que lleva más de medio siglo”. También denunció la ausencia del Estado y de la Justicia, la impunidad permanente, el asesinato sistemático y las desapariciones forzadas luego de los Acuerdos de Paz. Preguntado por su presencia en el jurado, dijo el obispo Vera: “El trabajo evangelizador de la Iglesia es para transformar la historia. La Iglesia no está en el mundo como viendo una obra de teatro, una película; el cristiano debe tener en su mente y en su corazón una mirada crítica y actuar”.