El 15 de abril todas las instituciones de la Iglesia cerraron sus puertas, inclusive escuelas y universidades, para protestar contra la inseguridad en el país, en respuesta al llamado de los obispos ante la ola de secuestros. Todas las campanas del país repicaron mientras los fieles celebraban una jornada de oración y los diez obispos concelebraban una misa para pedir un cambio en el país.

La huelga se dio en ocasión del secuestro extorsivo de cuatro curas y una monja haitianos, una religiosa y un cura francés, tres laicos. Los secuestradores exigen un millón de dólares. El sacerdote francés Michel Briand había pasado más de treinta años en Haití luchando para la promoción de un barrio marginal de Puerto Príncipe y la religiosa Agnés Bordeau, después de haber misionado 25 años en Centroamérica, a los 80 años seguía estando al servicio de los pobres en Haití. La Conferencia Episcopal llamó al paro laboral por la inseguridad creciente que hay en el país y la inacción de las autoridades. A eso se añaden la violencia y la inestabilidad política; el presidente Jovenel Moise ya nombró seis primeros ministros en cuatro años de gobierno. Los obispos piden la liberación inmediata y sin condiciones de los secuestrados y afirman: “Las autoridades parecen incapaces de garantizar los derechos fundamentales y la seguridad en el país. Los delincuentes parecen tener más poder que el estado y la policía; hasta los niños no se salvan hoy de un secuestro. No tenemos que dejar a las mafias el poder de matar, estuprar, secuestrar y robar. Hay que restablecer la legalidad en el país”. Los obispos quisieron promover un sacudón para despertar la conciencia nacional, advirtiendo el peligro de una explosión social. El obispo de Hinche Jean Desnord admitió que “es fácil hacer dinero con secuestros, pero tampoco se descarta que la Iglesia podría estar en el punto de mira de algunos políticos por sus críticas a la situación del país. Esta Iglesia que denuncia es posible que sea una espina para algunos políticos que tratan de sacársela de encima. Todos sabemos que muchos de ellos  se sirven de bandas criminales para controlar ciertas zonas; los límites entre el crimen organizado y los políticos no son claros”.