En seis meses la administración de Donald Trump ha llegado a ejecutar a nueve personas con la pena capital. Hay otras cuatro ejecuciones predispuestas para fines de año y comienzos de enero. Los obispos católicos habían pedido a Trump que detuviera las ejecuciones en tiempo de Adviento y Navidad.

“Incluso aquellos que cometieron delitos atroces no pierden el derecho a la vida y a su dignidad humana, la que es otorgada por Dios y no por el estado que tampoco puede quitársela”, dijeron. El fiscal general William Barr, responsable directo de la ejecución, es un católico práctico y habla a menudo de su fe católica; inclusive fue honrado en septiembre con el Premio Christifideles Laici por un grupo de laicos católicos que no está oficialmente asociado a la estructura eclesiástica. Efectivamente en una encuesta realizada a comienzos de año por Real Clear Opinión Research el 57% de los católicos de Estados Unidos apoya la pena de muerte. Esto indica que los obispos no han hecho lo suficiente para que se conozcan las enseñanzas de la Iglesia, las que merecen asentamiento y no se pueden ignorar. Es sabido cómo en Estados Unidos hay una minoría poderosa de obispos, curas y laicos que no comulgan con el papa Francisco; no lo atacan, pero lo silencian. Más que oposición, hay una cerrazón. Muchos católicos tradicionalistas piensan que la Iglesia apoyó la pena de muerte durante más de mil años y que sus enseñanzas de hoy son “exhortaciones prudenciales, limitadas a las circunstancias que no siempre son las mismas” (Steven Long). Además pregonan que el número de ejecuciones es muy pequeño y palidece en comparación con el número de abortos que hay en el país. A lo que contesta el obispo de Oklahoma City, Paul Coakley: “Hay una diferencia entre el aborto y la pena capital; en este caso es el mismo gobierno, cuya tarea es defender la vida de los ciudadanos, que elimina una vida. Es la violencia del estado cometida en nuestro nombre”.  Ya el papa Juan Pablo II había dicho: “Hoy la justicia penal puede utilizar otras alternativas para proteger a la sociedad y restablecer el equilibrio de la justicia”.
“Estoy horrorizada”, dijo la Hermana Helen Prejean, una monja activista católica que trabaja desde hace 40 años por la eliminación de la pena capital. ”Las personas valen más que el peor acto de su vida. Los seres humanos siempre pueden cambiar. Este es el núcleo del Evangelio, de lo que Jesús nos enseñó”, dijo. Unos de los últimos ejecutados, el afroamericano Brandon Bernard, tenía 18 años cuando fue condenado por homicidio.

Según el reciente informe de Death Penalty Information Center, en el 96% de los estados donde la conexión entre la raza y la pena de muerte ha sido investigada se encontró un patrón de discriminación por la raza de la víctima, por la raza del acusado, o por ambos (Reportaje del prof. David Baldus a ABA, 1998).

Un estudio de Carolina del Norte descubrió que las personas que asesinan a víctimas blancas tienen 3 veces más probabilidades de ser condenados a la pena de muerte que personas cuyas víctimas eran Afro-Americanas y 4 veces más probables que personas cuyas víctimas eran Latinas (Pierce & Radelet, Jornal de la Ley de Santa Clara 2005).