Hace un año, más de un millón de personas había protestado en las calles por la desigualdad socio-económica, la privatización de los servicios esenciales (sobre todo de la instrucción y la salud); y ahora se ha votado masivamente contra la constitución de Pinochet de 1980, fundada sobre bases autoritarias y neoliberales. Se ha pedido también una Asamblea Constituyente compuesta exclusivamente por personas elegidas por el pueblo.

Por eso en abril próximo se volverá a votar para elegir los miembros de la Constituyente. Se prevé que la nueva Carta Magna pueda estar lista para la mitad de 2022 y deberá después ser refrendada por un referéndum. La nueva constitución deberá fundarse sobre principios claramente democráticos, de justicia social y de igualdad de derechos. La votación se celebró por un acuerdo del presidente Piñera con los partidos de oposición para frenar las protestas que se iban constituyendo en un peligroso estallido social. La Conferencia Episcopal Chilena instó a los católicos a involucrarse en el proceso constituyente con su participación y oración. Por su parte el director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos José Antonio Rosas reconoció: “En la región hay un sentimiento generalizado de hastío, rechazo, condena de abusos en el ámbito político, económico y social. Que el testimonio de los cristianos que supieron ser protagonistas de los cambios en el pasado, nos movilice y anime en los nuevos tiempos de reconstrucción y regeneración que se vienen”. A fines del año pasado la Iglesia Católica había reclamado la reforma de la constitución y el ahora cardenal Celestino Aós de Santiago había dicho: “Si no se hacen cambios profundos, el estallido social va a seguir y será mayor. Son las situaciones de injusticia las que han colmado el vaso. Es necesario un mejor reparto de los bienes”. Por su parte el obispo de Aysén Luis Infanti pidió que se incluya en la nueva Constitución el derecho fundamental al agua para todos. “En todo el mundo la propiedad del agua es del estado. No puede ser que aquí el 82% de la propiedad del agua esté en manos de empresas ni siquiera chilenas sino trasnacionales. El agua es un derecho humano, un bien común y no puede ser privatizado y mercantilizado”, dijo.