En esta crisis política que se dio en Bolivia después de la renuncia a la presidencia de Evo Morales, forzada por el ejército, se colaron también los factores religiosos. El que había sido candidato presidencial, Fernando Camacho, en noviembre pasado había ingresado al Palacio Quemado afirmando: “Dios vuelve a ser gobierno”.

El empresario Camacho se profesa católico, pero está muy cercano a una secta de las iglesias evangélicas. La hasta ahora presidenta Jeanine Añez el día que asumió su cargo dijo: “La Biblia vuelve al palacio”. En Bolivia un 20% de la población pertenece a grupos fundamentalistas neopentecostales que promueven un virulento anticomunismo. La mayoría de la población es además indígena y sin embargo estas iglesias luchan contra las tradiciones indígenas consideradas “satánicas”. Y mientras Morales declaró al país “estado plurinacional”, estos evangélicos  instan a los indígenas a abandonar la lengua aymara, las costumbres y las vestimenta tradicionales y hasta  los instrumentos musicales autóctonos. Porque “Dios es luz y donde él está no hay tinieblas y  desaparece la ignorancia” (de una revista pentecostal). Si bien no se puede negar que en la religiosidad popular cristiana se hayan infiltrado ciertas supersticiones ancestrales, es inadmisible hacer tierra arrasada. La política que se quiso imponer con el respaldo de estas iglesias, del ejército y de los poderes económicos, tiene un enorme parecido con la de Bolsonaro en Brasil. Hubo además una fuerte represión llegando a ser Bolivia un país militarizado. Sin embargo, en 2015 al visitar Bolivia, el papa Francisco alabó los movimientos populares del país y reconoció que “el país ha dado pasos importantes para incluir a amplios sectores en la vida económica, social y  política”. Se pronunció también contra “algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres”. El presidente de la Conferencia Boliviana de Religiosos, el jesuita Osvaldo Chirveches, dijo: “Hay que reconocer que Morales consiguió que muchas personas sean visibles, que muchas comunidades indígenas tengan su lugar en este país y sean atendidas. Es un dato que no se puede negar”. Tampoco se puede negar su responsabilidad en esta crisis por querer obtener a toda costa un cuarto mandato. Hubo cierto autoritarismo, mal asesoramiento de sus ministros y una violencia extrema de los cocaleros en el Chapare. La Justicia inhabilitó la candidatura de Morales para las pasadas elecciones del 18 de octubre, con el pretexto de no cumplir con el requisito de residencia permanente de dos años antes de las elecciones. La verdad de de lo que pide el pueblo se expresó claramente el 18 de octubre.