El 6 de septiembre pasado tenían que haber tenido lugar las elecciones parlamentarias, pero fueron postergadas por un año con el pretexto del coronavirus. Era evidente que los partidos democráticos hubieran ganado en un congreso donde hasta ahora la mayoría siempre estuvo en manos de una coalición pro-china.

Por el contrario, como para celebrar el 23 aniversario de la vuelta de Hong-Kong a China, entró a actuar la “ley por la seguridad nacional” impuesta por el gobierno chino. Hay penas gravísimas por los delitos de secesión, subversión, terrorismo, colaboración con fuerzas extranjeras. Muchos han huido o han pasado a la clandestinidad. Comenzaron los arrestos de políticos, periodistas, activistas. Después de las anteriores multitudinarias protestas, ahora ha llegado la mano dura de Pekín y sobre Hong-Kong ha caído el silencio en los ámbitos políticos, sociales, universitarios. Solo Pekín puede interpretar la ley; y criticar a las autoridades es un delito. El medio millón de católicos está sin un arzobispo titular; el administrador apostólico es el cardenal John Tong, ya jubilado, que ha invitado a las casi 300 escuelas católicas a aceptar la ley y a no politizar las clases. Lo mismo ha hecho con los curas y diáconos de la diócesis para que en las homilías no hagan declaraciones políticas. Hay cierto malestar porque los católicos siempre han estado en las protestas callejeras. Hace tiempo se iba viendo que el experimento “Un país, dos sistemas” iba terminando. Ese lema había sido ideado por el anterior presidente chino Deng Xiaoping. Significaba que dentro del estado chino unificado coexistirían dos sistemas económicos y políticos diferentes con un alto grado de autonomía por cincuenta años. Ahora parece que bajó el telón. Pekín no puede tolerar tantas protestas, sobre todo de los jóvenes, y quiere evitar que este despertar influya en el interior de China.