El nuevo gobierno cívico-militar dice querer llevar el país hacia la democracia. Se ha propuesto garantizar la libertad religiosa y la igualdad en la ciudadanía en el marco de un Estado de Derecho. “Queremos eliminar todas las leyes que violan los Derechos Humanos, sobre todo las discriminatorias contra mujeres y niños”, dijo el ministro de Justicia Nasredin Abdul Bari.

Ya se eliminaron las leyes que no permitían a las mujeres vestir pantalones, descubrir sus cabellos en público, reunirse con hombres que no fueran sus maridos o familiares, viajar solas, etc. Por primera vez es una mujer la presidenta del Tribunal Supremo. La pena de muerte ha sido abolida para menores de 18 años y mayores de 70 y está reservada tan  solo a asesinatos y delitos mayores. La renuncia al Islam ya no será castigada con la pena de muerte. Se ha decretado la libertad de creencia y de expresión, inclusive la separación entre estado y religión, transformándose así el Sudan en un estado laico. Estos cambios se dieron y se van dando, desde que en abril del año pasado fue derrocado, después de casi treinta años de gobierno, el dictador islamista Al-Bashir por los militares tras grandes manifestaciones populares en favor de la democracia. El nuevo gobierno cívico-militar, con 6 civiles y 5 militares es de transición y asumió por tres años en vista de las futuras elecciones en 2022. El ex dictador ahora preso, es requerido por el Tribunal Internacional de La Haya, acusado por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. A pesar de los cambios impulsados por los civiles del Consejo Interino de gobierno, los militares del mismo no han demostrado aún su plena disponibilidad para volver a la democracia requerida por el pueblo. Sudán es el tercer país más grande de África y el octavo  más poblado con sus 43 millones de habitantes, casi la totalidad de religión musulmana.