En Estados Unidos hay delitos estatales (son la mayoría de los casos y se castigan según las leyes de cada estado) y delitos federales o nacionales cuando se trata de crímenes especiales y muy graves. El 13 de julio pasado volvió a aplicarse la pena de muerte a nivel federal tras 17 años.

La Iglesia por boca del obispo Paul Coakley presidente de la comisión episcopal de Justicia y Paz volvió a plantear su rechazo: “La pena de muerte es inaceptable; es una afrenta al Evangelio y al respeto de la vida humana. No significa ser blandos con el crimen, sino ser fuertes en la defensa de la dignidad de cada vida humana”. El pasado 7 de julio más de mil líderes religiosos de Estados Unidos hicieron un llamado al presidente Trump para que detuviera las ejecuciones federales, sin resultado. Decían: “Mientras el país lidia con la pandemia y una crisis económica que hace palidecer la de la Gran Depresión de 1929 y se protesta por el racismo sistémico, el gobierno de Trump debería centrarse en proteger y preservar la vida, no en llevar a cabo ejecuciones”. Como respuesta Trump escribió en su cuenta de tuiter: “Ley y orden”. El 14 de julio a Daniel Lewis Lee de 47 años, le inyectaron un compuesto de tres drogas letales. Otro ejecutado, Dustin Lee Honken, murió invocando: “Santa Maria madre de Dios reza por mi”. La Iglesia cree en la recuperación de las personas y por eso el cardenal Joseph Tobin había ido a visitarlo constatando su conversión y cambio espiritual. Había también escrito a Trump para una conmutación de la pena, sin resultado. A pesar de eso, hay una nueva conciencia en Estados Unidos y ya 22 estados han derogado la pena de muerte.