Las actividades de las empresas mineras en Brasil están teniendo consecuencias catastróficas para el medio ambiente y la población. Por eso el obispo auxiliar de Belo Horizonte, Vicente de Paula Ferreira, fue a la ONU para depositar su protesta. El obispo aseguró que “no se consulta a las comunidades cuando se otorgan licencias para megaproyectos, no se siguen procedimientos legales y se violan leyes internacionales. El actual gobierno desprecia a los organismos internacionales cuando no responden a sus deseos. Es necesario que haya suficiente información, consulta y participación de las comunidades y de la sociedad civil. Las consecuencias del desastre de la represa de Brumadinho de hace un año siguen hasta ahora y no se ha hecho nada para evitar estos hechos ni se ha castigado ningún culpable. Hoy tenemos 40 represas en riesgo de colapso y hay un alto riesgo de graves daños”. En Brumadinho (estado de Minas Gerais) el 25 de enero del año pasado un gigantesco torrente de agua y barro tóxico, por la ruptura de un dique con agua residenciales de una mina, dejó soterrada toda la región y hubo 272 muertos y cientos de desaparecidos.