En el estado de Tasmania se ha obligado por ley a los sacerdotes a denunciar ante las autoridades todos los casos de abusos de menores, inclusive los revelados en el confesionario. La norma prescribe para los que no obedecen una pena máxima de 21 años de cárcel o multas de hasta 3.360 dólares. Normas similares se están introduciendo también en otros estados. Las autoridades de la Iglesia afirmaron claramente que no violarán jamás el secreto de confesión.