NICARAGUA: DIÁLOGO CONTROLADO

El Nuncio Apostólico habla durante la negociación.

Después de diez meses de la interrupción del diálogo en junio del año pasado en el que la Iglesia Católica actuó de mediadora entre el gobierno y la oposición, esta vez el mismo gobierno tomó la iniciativa de un nuevo diálogo a partir del 27 febrero pasado. Este diálogo comenzó con la participación de seis delegados del gobierno y seis de la oposición, con la presencia del cardenal de Managua Leopoldo Brenes y del nuncio apostólico Waldemar Sommertag, ambos simplemente como testigos.

El gobierno empezó este nuevo ciclo negociador debido al colapso de la economía, a las sanciones, al aislamiento internacional, a la condena unánime de las organizaciones de Derechos Humanos y de la OEA. En ocasión de este nuevo diálogo Daniel Ortega, que ocupa la presidencia desde 2007, liberó a unos cien presos políticos y retomó contacto con la OEA. Queda sin embargo excluida la posibilidad de adelantar las elecciones como lo exigía la Iglesia; además los presos políticos en las cárceles son todavía unos 600. El resultado de la represión de los meses pasados es de 325 muertos y 50 mil exiliados. Para el nuevo diálogo Ortega no aceptó que la Iglesia volviera a ser mediadora, vetó la participación de tres obispos y solo admitió al cardenal y al nuncio como testigos y acompañantes. Frente a esta situación y de acuerdo con los demás obispos, Brenes se retiró del diálogo por ser este muy condicionado y dada la inutilidad de su presencia. El llamado “diálogo” se desarrolla a puertas cerradas y sin representantes de la ONU y la OEA que garanticen los acuerdos. El diálogo anterior empezado a comienzos de mayo había sido cerrado en junio por el gobierno de manera traumática con acusaciones violentas contra la Iglesia y un aumento de la represión. Los obispos fueron tildados de “golpistas” y “terroristas”. El 19 de julio Ortega denunció que en muchos templos católicos se guardaban armamentos y bombas, intentó expulsar del país al obispo Silvio Báez auxiliar de Managua. El 30 agosto fue expulsada del país la misión de la ONU que investigaba las violaciones a los derechos humanos. El 29 setiembre se declararon ilegales todas las marchas y manifestaciones de protesta contra el gobierno. La Iglesia se ha retirado de este nuevo diálogo, dejándolo en manos de la oposición que busca los mismos objetivos: liberación de los presos políticos, vigencia de los derechos constitucionales, elecciones justas, libres y transparentes con garantía internacional, justicia para las víctimas. La Iglesia es la institución más creíble del país, pero ya varias veces ha constatado estas tácticas dilatorias del gobierno y su falta de voluntad política.

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