“No a la economía de descarte” dijo el Papa el año pasado en su discurso a los trabajadores: “el trabajo no solo es necesario para la economía, sino para la persona humana, para su dignidad, su ciudadanía y su inclusión social”. El obispo de Roma instó a decir “no” a fenómenos como la idolatría del dinero,  a la mafia o la corrupción y a apostar a una “Economía de Comunión” y sobre todo a visualizar los efectos del neoliberalismo: “el principal problema ético de este capitalismo es que produce descartados que luego trata de ocultar, tratar de hacer que no se vean”.

 

Los riesgos de la precarización laboral

La Doctrina Social de la Iglesia llama la atención sobre los tiempos que corren para los trabajadores.  La globalización de la economía, con la liberación de los mercados, la acentuación de la competencia, el crecimiento de empresas especializadas en el abastecimiento de productos y servicios, requiere una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo y en la organización y gestión de los procesos productivos. Al valorar esta delicada materia, parece oportuno conceder una mayor atención moral, cultural y estratégica para orientar la acción social y política en la temática vinculada a la identidad y los contenidos del nuevo trabajo, en un mercado y una economía a su vez nuevos. Los cambios del mercado de trabajo son a menudo un efecto del cambio del trabajo mismo, y no su causa.

Desde la « Rerum novarum » de 1891 la Iglesia defiende apasionadamente la inalienable dignidad de los trabajadores, a la cual se une la importancia del derecho de propiedad, del principio de colaboración entre clases, de los derechos de los débiles y de los pobres, de las obligaciones de los trabajadores y de los patronos, del derecho de asociación. Las orientaciones ideales expresadas en aquella encíclica reforzaron el compromiso de animación cristiana de la vida social, que se manifestó en el nacimiento y la consolidación de numerosas iniciativas de alto nivel civil: uniones y centros de estudios sociales, asociaciones, sociedades obreras, sindicatos, cooperativas, bancos rurales, aseguradoras, obras de asistencia. Todo esto dio un notable impulso a la legislación laboral en orden a la protección de los obreros, sobre todo de los niños y de las mujeres; a la instrucción y a la mejora de los salarios y de la higiene. Luego llega la encíclica « Laborem exercens » (1981) la cual enriquece la visión personalista del trabajo, característica de los precedentes documentos sociales, indicando la necesidad de profundizar en los significados y los compromisos que el trabajo comporta, poniendo de relieve el hecho que surgen siempre nuevos interrogantes y problemas, nacen siempre nuevas esperanzas, pero nacen también temores y amenazas relacionados con esta dimensión fundamental de la existencia humana de la que deriva la propia dignidad específica y en la que a la vez, está contenida la medida incesante de la fatiga y también del daño y de la injusticia que invaden profundamente la vida social, dentro de cada Nación y a escala internacional. El trabajo, clave esencial de toda la cuestión social, condiciona el desarrollo no sólo económico, sino también cultural y moral, de las personas.

Por otra parte, el trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. La «plena ocupación» es, por tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. Una función importante y, por ello, una responsabilidad específica y grave, tienen en este ámbito los  empresarios y las políticas, es decir aquellos sujetos —personas o instituciones de diverso tipo— que son capaces de orientar, a nivel nacional o internacional, la política del trabajo y de la economía.

La capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y proyectada hacia el futuro se mide también, y sobre todo, a partir de las perspectivas de trabajo que puede ofrecer. El alto índice de desempleo, la presencia de sistemas de instrucción obsoletos y la persistencia de dificultades para acceder a la formación y al mercado de trabajo constituyen para muchos, sobre todo jóvenes, un grave obstáculo en el camino de la realización humana y profesional. Quien está desempleado o subempleado padece, en efecto, las consecuencias profundamente negativas que esta condición produce en la personalidad y corre el riesgo de quedar al margen de la sociedad y de convertirse en víctima de la exclusión social. Además de a los jóvenes, este drama afecta, por lo general, a las mujeres, a los trabajadores menos especializados, a las personas con discapacidad, a los inmigrantes, a los ex-reclusos, a los analfabetos, personas todas que encuentran mayores dificultades en la búsqueda de una colocación en el mundo del trabajo.

La conservación del empleo depende cada vez más de las capacidades profesionales. El sistema de instrucción y de educación no debe descuidar la formación humana y técnica, necesaria para desarrollar con provecho las tareas requeridas. La necesidad cada vez más difundida de cambiar varias veces de empleo a lo largo de la vida, impone al sistema educativo favorecer la disponibilidad de las personas a una actualización permanente y una reiterada cualificación. Los jóvenes deben aprender a actuar autónomamente, a hacerse capaces de asumir responsablemente la tarea de afrontar con la competencia adecuada los riesgos vinculados a un contexto económico cambiante y frecuentemente imprevisible en sus escenarios de evolución. Es igualmente indispensable ofrecer ocasiones formativas oportunas a los adultos que buscan una nueva cualificación, así como a los desempleados. En general, la vida laboral de las personas debe encontrar nuevas y concretas formas de apoyo, comenzando precisamente por el sistema formativo, de manera que sea menos difícil atravesar etapas de cambio, de incertidumbre y de precariedad.

La función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho al trabajo

Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo, es decir, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio nacional, incentivando para ello el mundo productivo. El deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los ciudadanos, constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, cuanto sobre todo en secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis.

Teniendo en cuenta las dimensiones planetarias que han asumido vertiginosamente las relaciones económico-financieras y el mercado de trabajo, se debe promover una colaboración internacional eficaz entre los Estados, mediante tratados, acuerdos y planes de acción comunes que salvaguarden el derecho al trabajo, incluso en las fases más críticas del ciclo económico, a nivel nacional e internacional. Hay que ser conscientes de que el trabajo humano es un derecho del que depende directamente la promoción de la justicia social y de la paz civil. Tareas importantes en esta dirección corresponden a las Organizaciones Internacionales, así como a las sindicales: uniéndose en las formas más oportunas, deben esforzarse, ante todo, en el establecimiento de una trama cada vez más compacta de disposiciones jurídicas que protejan el trabajo de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, y les aseguren una conveniente retribución. Por otra parte, se pueden encontrar significativos testimonios y ejemplos de auto-organización en las numerosas iniciativas, privadas y sociales, caracterizadas por formas de participación, de cooperación y de autogestión, que revelan la fusión de energías solidarias. Estas iniciativas se ofrecen al mercado como un variado sector de actividades laborales que se distinguen por una atención particular al aspecto relacional de los bienes producidos y de los servicios prestados en diversos ámbitos: educación, cuidado de la salud, servicios sociales básicos, cultura. Las iniciativas del así llamado « tercer sector » constituyen una oportunidad cada vez más relevante de desarrollo del trabajo y de la economía.

 

Trabajo líquido en la sociedad del cansancio: aspectos del mundo laboral en latinoamérica

Hoy existen mecanismos sutiles y no menos efectivos de represión social. Sometidos a los sistemas de interpretación de la realidad que digitan los medios de comunicación, no resulta sencillo establecer la relación entre democracia política y democracia social, así como tampoco se logra visualizar la triple relación existente entre Derechos Humanos, modelos de integración y las disputas geopolíticas de los dos modelos de gobernanza actual: conglomerados transnacionales por un lado y Estados por otro. Los “mercados” están asumiendo la administración de lo público, provocando una disminución del papel del Estado en los procesos de producción y comercialización, todo lo cual permea las economías locales y cuyo corolario es la desigualdad de distribución de alimentos, la inestable seguridad alimentaria y el control de los recursos naturales sujetos al vaivén de estas relaciones. Tal como plantea González, en nuestros países es muy elevada la inequidad y muy bajo el esfuerzo estatal en la distribución del ingreso, lo que afecta directamente en el desarrollo (concepto que entendemos como un derecho inalienable), la multiculturalidad y la calidad de vida de las distintas franjas sociales. En este sentido, se requieren instituciones públicas fortalecidas, espacios de innovación, capacidad técnica y política, cooperación público-privada de los estados parte, sistemas de indicadores desarrollados, evaluados y monitoreados, identificación de compromisos de implementación de planes y programas, incubadoras de proyectos y políticas comunicacionales abarcativas y actualizadas, todo lo cual redundaría en el aceleramiento de procesos de desarrollo económico y de competitividad con justicia social. Precisamente, diversos organismos regionales, como el FOCEM (Fondo para la convergencia estructural del MERCOSUR), por ejemplo, apuntan a una reducción de brechas y desigualdades, a la cohesión social de un MERCOSUR más equitativo, inclusivo, social y productivo, atendiendo por ende a una convergencia de políticas integrales para el tratamiento de asimetrías.  Para avanzar en este camino, deberían coexistir e interactuar prácticas, principios y acciones multilaterales, con procesos consensuados de cooperación hacia afuera y hacia adentro de la región, en consonancia con el derecho internacional y construyendo confianza desde el respeto de las diferencias, la transparencia y el intercambio de información. La apuesta sería, por tanto, a  generar una plataforma de articulación política y de proyección al mundo, aspirar a una convergencia flexible que amplíe la autonomía  promoviendo acuerdos de alianzas múltiples, ya sean de carácter sur-sur (por ser países que comparten los mismos desafíos y necesidades) como el vínculo norte-sur, a modo de asegurarse un trato preferencial en los flujos globales y el protagonismo ascendente de nuestra región. Si bien estas son propuestas que deberían marcar una agenda para implementar mejoras en las políticas del mundo del trabajo, la realidad económica en curso muestra el paso de un trabajo dependiente a tiempo indeterminado, entendido como puesto fijo, a un trabajo caracterizado por una pluralidad de actividades laborales; el cambio de un mundo laboral compacto, definido y reconocido, a un universo de trabajos, variado, fluido, rico de promesas, pero también cargado de preguntas inquietantes, especialmente ante la creciente incertidumbre de las perspectivas de empleo, a fenómenos persistentes de desocupación estructural, a la inadecuación de los actuales sistemas de seguridad social. Las exigencias de la competencia, de la innovación tecnológica y de la complejidad de los flujos financieros deben armonizarse con la defensa del trabajador y de sus derechos en contextos frecuentemente privados de soportes legislativos, formativos y de asistencia social.

En plena era informacional-digital, más que nunca miles de millones de hombres y mujeres amplían exponencialmente las filas del subempleo y del desempleo, sin contar el “desempleo por desaliento”. Convivimos con los call centers, el telemarketing, la zafralidad de la hotelería, hipermercados, fast food, gran comercio, fábricas flexibles…..
Lejos de ser lo que se denomina como “nueva clase media”, lo que se expande explosivamente por el mundo son los “intermitentes globales” que corroboran las tesis de la precarización estructural del trabajo (Antunes, 2018 y 2014; Linden, 2013).

 

Una nueva forma de esclavitud: Trabajo digital y uberización laboral

En este nuevo mosaico perverso, el zero hour contract (contrato de cero hora) es una modalidad de trabajo que prospera en el Reino Unido y en otros países donde los contratos no tienen determinación de horas. Trabajadores y trabajadoras (una diferenciación que merece aclararse dada la división socio-sexual que conforma el mundo del trabajo) de las más diversas actividades están a la espera de una llamada, luego de haber recorrido innumerables empresas o revisado páginas web de consultorías dedicadas al reclutamiento de personal. Otro ejemplo emblemático sobre el concepto de flexibilidad laboral es Uber: trabajadores y trabajadoras con sus instrumentos de trabajo (automóviles) cargan con sus gastos de seguro, manutención, alimentación, etc. Mientras tanto, la “aplicación”, en realidad es una corporación global, practicante del trabajo ocasional e intermitente que se apropia del excedente generado por los servicios de los conductores, sin preocuparse por sus derechos laborales. La diferencia principal con relación al “contrato de cero hora” es que el señor o la señora Uber no pueden rechazar el trabajo. Si así lo hicieran, después de algunas llamadas, estará definitivamente descartado. Existen diversas formas de disfrazar de explotación del trabajo, y los sindicatos aquí tienen un rol fundamental contra este nuevo elixir del mundo empresarial: profesores contratados como trabajadores independientes, profesionales contratados durante años bajo la modalidad de consultores (lo cual implica facturar como empresa y por ende, no tener derechos como trabajador empleado), el cobro de sueldos mediante voucher o cheques.

Como el trabajo on line hizo desmoronar la separación entre el tiempo de vida en el trabajo y fuera de él, podemos presenciar el crecimiento exponencial de lo que podríamos llamar una era de esclavitud digital. Los capitales financieros exigen un formato laboral flexible: sin jornadas preestablecidas, sin remuneración fija, sin actividad pre-determinada, sin derecho de organización sindical. Y hasta el sistema de “metas” es flexible: aquella determinada para el día siguiente debe ser siempre mayor que la del día anterior (Antunes, 2018).

Con los servicios cada vez más “comoditizados” y con el impacto de las tecnologías de información y comunicación, la división sectorial existente entre agricultura, industria y servicios está cada vez más intersectorializada (agro-industria, servicios industriales e industria de servicios), cada vez más sumergida en la lógica de la mercancía y del valor, importando poco si este es resultante de trabajos predominantemente materiales o inmateriales. Desde que la empresa taylorista y fordista fue suplantada por la toyotista y flexible, estamos presenciando lo que Daniele Linhart denominó como desenfreno (desmedida) empresarial. Tercerización e informalidad (las nuevas maneras de enriquecimiento de la empresa) se convirtieron en partes inseparables del leitmotiv de la empresa corporativa: el trabajo es por algunas horas y mañana se evapora. Hacer pasantías laborales no remuneradas se vuelve un consuelo impuesto de modo casi obligatorio y el “emprendedurismo” es el nuevo lugar común de una vida  orientada a un mito que siempre está a punto de desvanecerse.

A esta realidad se suman los enormes contingentes de inmigrantes globales que en sus nuevos flujos migratorios amplían aún más los bolsones de trabajadores sobrantes, descartables, subempleados y desempleados en amplitud planetaria (Basso y Perocco, 2008; Roncato, 2013). Las trayectorias educativas y laborales influyen, obviamente, en mejores oportunidades de acceso a un empleo decente y estable. No obstante, no alcanza conseguir un trabajo. Hay que sostenerlo y continuar formándose profesionalmente, lo cual es un desafío inmenso para quienes no pudieron prepararse previamente en el marco de las competencias requeridas por el mundo del trabajo.

 

Uruguay: Diálogo Nacional por el Empleo, en clave de cultura del trabajo para el desarrollo

Dentro de las acciones que nuestro país viene implementando para mejorar las políticas en torno al trabajo, está el Diálogo Nacional por el Empleo. También se destacan las acciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el marco de la Estrategia nacional de la Cultura del Trabajo para el desarrollo.

Una de las formas para concebir el mundo del trabajo es analizarlo como un sistema multidimensional en el que cada temática impacta necesariamente en la otra. Dicho sistema cuenta con los consejos de salarios, las demandas sectoriales, los sindicatos, el mercado, la intermediación  laboral y la orientación vocacional, el desempleo y las políticas activas para impulsar el trabajo bajo diferentes programas existentes, la realidad laboral en la capital y en el interior, la innovación y el desarrollo productivo, la inclusión de todas las poblaciones focalizadas, los perfiles y los profesionales universitarios, los géneros y las generaciones, la inclusión financiera, el desarrollo sostenible, la responsabilidad social empresarial, la articulación con el mundo de la Educación, la formación profesional, los derechos del trabajador, la pobreza y la desigualdad, el trabajo infantil. Desde este enfoque, el medio ambiente, las ciencias, las tecnologías y su impacto y la gestión del conocimiento también impactan en el sistema. Es así que todas estas dimensiones deben entrar en diálogo. Y más en 2018, año en el que coinciden la rendición de cuentas y los consejos de salarios de nuestro país.

Una de las estrategias para revertir las problemáticas mencionadas y diseñar mejoras -a partir de políticas públicas basadas en acuerdos- es el Diálogo nacional por el empleo, que se lleva adelante como espacio de concertación. El supuesto es que las políticas deberían tomar como punto de partida esta instancia tripartita convocada por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que son invitadas a participar organizaciones empresariales y sindicales, así como otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil comprometidas con temas de políticas de empleo y mercado de trabajo.
Estructurado en grandes ejes temáticos, este intercambio se ocupó de temas como, por ejemplo, el empleo y la formación de los jóvenes, las políticas para enfrentar la insuficiencia actual en materia de oferta laboral, la adecuación entre las estructuras de calificación de la oferta y la demanda laboral. Se busca un manejo contracíclico de la política fiscal para suavizar las fluctuaciones del empleo en las distintas fases de la economía. Se trata de pensar, cada vez más, en el diseño, la  implementación y evaluación de políticas desde las perspectivas de género, de generaciones y étnico-racial, así como en la dimensión territorial. El mercado asume una función social relevante en las sociedades contemporáneas, por lo cual es importante identificar sus mejores potencialidades y crear condiciones que permitan su concreto desarrollo. Y este encuadre está totalmente alineado a la Doctrina Social de la lglesia, desde el momento en que se trata de no considerar al ser humano como un productor o un consumidor de bienes sino como un sujeto que produce y consume para vivir.

 

Ampliando los radios de acción de la solidaridad: el papel de la ciencia, la academia, los actores culturales y sindicatos

En la actualidad, los sindicatos están llamados a actuar ampliando su radio de influencia de modo que sean tutelados, no solo las categorías laborales tradicionales sino también, los trabajadores con contratos atípicos o a tiempo determinado; los trabajadores con un puesto en peligro a causa de las fusiones de empresas, cada vez más frecuentes, incluso a nivel internacional. Así también lo piensa la Doctrina social eclesial. Ante los cambios introducidos en el mundo del trabajo, la solidaridad se podrá recuperar, e incluso fundarse mejor que en el pasado, si se actúa para volver a descubrir el valor subjetivo del trabajo. Las asociaciones de trabajadores deben orientarse hacia la asunción de mayores responsabilidades, no solamente respecto a los tradicionales mecanismos de la redistribución, sino también en relación a la producción de la riqueza y a la creación de condiciones sociales, políticas y culturales que permitan a todos aquellos que pueden y desean trabajar, ejerzan su derecho al trabajo, en el respeto pleno de su dignidad de trabajadores.  Este panorama exige la contribución específica de los científicos y los actores culturales, que resulta particularmente importante para la elección de soluciones justas. Es una responsabilidad que les debe llevar a señalar las ventajas y los riesgos que se perfilan en los cambios y, sobre todo, a sugerir líneas de acción para orientar en el sentido más favorable para el desarrollo de toda la familia humana. A ellos corresponde la delicada tarea de leer e interpretar los fenómenos sociales con inteligencia y amor a la verdad, sin preocupaciones dictadas por intereses de grupo o personales. Su contribución, en efecto, precisamente por ser de naturaleza teórica, se convierte en una referencia esencial para la actuación concreta de las políticas económicas. La puesta en marcha de un proceso de desarrollo solidario de vasto alcance, no sólo aparece como una posibilidad concreta de creación de nuevos puestos de trabajo, sino que también representa una verdadera condición para la supervivencia de pueblos enteros: “Es preciso globalizar la solidaridad” señala la Doctrina Social de la Iglesia. Hay que restablecer la justa jerarquía de valores y colocando en primer lugar la dignidad de la persona que trabaja: “las nuevas realidades, que se manifiestan con fuerza en el proceso productivo, como la globalización de las finanzas, de la economía, del comercio y del trabajo, jamás deben violar la dignidad y la centralidad de la persona humana, ni la libertad y la democracia de los pueblos. La solidaridad, la participación y la posibilidad de gestionar estos cambios radicales constituyen, sino la solución, ciertamente la necesaria garantía ética para que las personas y los pueblos no se conviertan en instrumentos, sino en protagonistas de su futuro. Todo esto puede realizarse y, dado que es posible, constituye un deber.”

En definitiva: es claro que  una solidaridad adecuada a la era de la globalización exige la defensa de los derechos humanos. En este sentido, el Papa apunta a los empresarios y les exhortó a imitar al buen samaritano del Evangelio, aunque ello “no es suficiente” porque hay que ir más allá y “cambiar las reglas del juego del sistema económico-social”. Señala que “un empresario que es solo buen samaritano, cumple con la mitad de su deber: sana a la víctima de hoy, pero no reduce el número de víctimas de mañana. Para la comunión, es necesario imitar al Padre misericordioso de la parábola del hijo pródigo y recibir en casa al hijo, al trabajador y al colaborador que se han equivocado, y abrazarlos y hacer una fiesta por ellos”.

 

María Bedrossian