BRASIL: “SOBRE EL MOMENTO ACTUAL”

brasil_democracia_si_golpe_no.jpg_1718483346La Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB) ha emitido una “Declaración sobre el momento actual” sin declararse a favor o en contra del llamado “golpe blando” y pide que “sean rigurosamente investigados los hechos de corrupción, que los culpables sean castigados, los daños reparados de manera que se garantice la transparencia y la recuperación de la credibilidad de las instituciones y de la Justicia”. Frente a la falta de pronunciamiento sobre el “golpe”, hubo cierto malestar en la base católica por lo que el obispo Odilo Sherer de San Pablo declaró: “Es un momento de grave crisis política y nosotros como obispos no tomamos partido sobre este tema”. Sherer reconoce que el “impeachement es un instrumento previsto por la Constitución y es un problema de los poderes constituidos. Lo importante es que se respete todo el “iter” previsto por la ley”.

El obispo de Balsas (Maranhao) Enemesio Lazzaris dijo: “El que ha tomado el lugar de Dilma no tiene gran credibilidad. Corremos el riesgo de interrumpir una democracia ya bastante frágil. Si hubiera habido un esfuerzo mayor de todos, no estaríamos en esta situación tan difícil; pero la oposición no quiere saber nada de Dilma ni del PT. Para ella, cuanto peor, tanto mejor”. El presidente de Caritas Brasileña, obispo Joao Costa pide que se respete la Constitución y recuerda que Dilma Roussef ha sido elegida con 54 millones de votos. “Estamos preocupados por la posibilidad que después de los pequeños pasos que se han dado hacia delante, haya una marcha atrás”. Cáritas, la Pastoral da Terra, el Consejo Indigenista, la Pastoral de Migrantes, todos organismos vinculados a la CNBB, han publicado una carta abierta “en defensa de la democracia”. Todos advierten sobre el peligro de arrastrar esta crisis política por otros dos años y la necesidad de dejar de lado intereses personales y de partido para el bien del país. La CNBB ha también pedido al Congreso tutelar los derechos de los indígenas que siguen siendo víctimas de graves atropellos, porque “el negocio de grandes terratenientes no puede sobreponerse a los derechos de los pueblos originarios, reconocidos por la Constitución”. También se declaran contrarios a que se reduzca de 18 a 16 años la responsabilidad penal: “No se puede atribuir  a los menores de edad la culpa de una violencia de la cual ellos son más víctimas que responsables”. Y recuerdan que de los 56 mil asesinatos en el Brasil del año 2012, 30 mil (el 53,5%) eran de jóvenes. Se hace por lo tanto urgente “invertir más bien en medidas sociales y educativas, en políticas públicas a favor de la juventud  y la familia; esta es la forma eficaz para poner fin a la violencia”.

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